El empresario alemán Leo Stöber solo pide, según declaró ayer en el programa Bona nit Pitiüses de la TEF, «que se cumplan mis sentencias: las dos del Tribunal Supremo y una de la Audiencia Nacional en las que se han reconocido, expresamente, nuestros derechos urbanísticos en la zona de Punta Prima, algo que data de finales del siglo pasado».
Stöber recordó que el planeamiento urbanístico que presentó su empresa (Sunway S.L.) en el año 2004 al Ayuntamiento de Formentera se aprobó «inicialmente» y fue ya en 2005 cuando se aprobó «provisionalmente». De este modo, reiteró, «faltaban solo unos pasos para aprobarlo definitivamente».
Cabe recordar que el empresario alemán tenía la intención de ampliar el complejo turístico de la zona de Punta Prima, concretamente en «200 plazas más», como detalló el martes Jaume Ferrer, presidente del Consell de Formentera. Sin embargo, la posible ampliación se truncó con la aprobación de las Normas Subsidiarias en 2010 que impidieron edificar en dichos terrenos. «Llegan al poder estos señores, con los que desgraciadamente me tuve que querellar, y boicotean todo lo que habían dictado las sentencias y había aprobado su propia institución (Ayuntamiento de Formentera)», criticó Stöber.
En este sentido, insistió en que el paraje llevaba 40 años urbanizado con calles, luz y agua y «sacan una normativa en la que declaran estos terrenos urbanizados como públicos y de cesión gratuita»; motivo que le llevó a preguntarse el por qué de este cambio. De hecho, en alguna ocasión ha declarado que el cambio de normativa obedece a intereses del equipo de gobierno, es decir, prohibe la edificación en unos terrenos, pero no en otros. «No tengo pruebas [para decir esto], es una deducción», especificó.
GxF y PSOE
También quiso recordar que, en el momento en el que se aprobaron las Normas Subsidiarias, viajó a Formentera para hablar «con todo el mundo» sobre la afección que tenía la nueva normativa en sus terrenos. Una normativa que fue aprobada por Gent per Formentera (GxF) y PSOE, el equipo de gobierno de la anterior legislatura.
Sin embargo, Stöben no incluyó a los dos miembros del PSOE en las demandas, solo a los cinco de GxF. «A los dos integrantes del PSOE les pregunté por qué habían votado a esto si, en la aprobación inicial de desarrollo urbanístico de la zona, habían votado a favor», señaló. «Me dijeron que el presidente del Consell les había presionado y les dijo que, si no aprobaban estas normas, liquidaban la coalición», añadió. Unas afirmaciones que aunque dijo no poder probar, se confirmarán o desmentirán en sede judicial. «Les he citado, pero yo no voy a condicionar sus declaraciones; que digan lo que quieran», matizó.
En cuanto al «intento de extorsión» que denunció el abogado de la defensa, Fernando Mateas, el empresario lo negó. «Yo no he intentado extorsionar a nadie porque, en cinco años de caso, los jueces me hubiesen empapelado. Parece que yo puedo inducir al Juzgado de Instrucción [número 4] a que acepte extorsionar al gobierno de Formentera. Es casi imposible que alguien pueda extorsionar a través de una querella», justificó.
Además, matizó que con la institución insular hay dos problemas, uno penal y otro civil. «El penal afecta directamente a los actuales integrantes del gobierno de la isla; el otro afecta a la isla porque nosotros hemos presentado una demanda de responsabilidad patrimonial para indemnizar la pérdida de 30 o 40 millones de euros de nuestros terrenos. A mí me parece que esto es grave para la isla y estoy dispuesto a negociar sobre ello, sobre la parte penal no puedo», subrayó. Es más, Stöben tildo de «peligrosa» la situación que vive el Consell. «No porque Ferrer sea condenado o no, sino por la responsabilidad civil y patrimonial».
Partido Popular
Por su parte, el Partido Popular lamentó que «se hayan acogido al derecho de no declarar para retrasar el procedimiento y el político lo que tiene que hacer es dar explicaciones», criticó su presidente José Manuel Alcaraz. También dijo que la institución había usado los aforamientos para retrasar este tema. «El problema es que las Normas Subsidiarias dieron algunos errores en los cascos históricos que perjudicaron la construcción de las escuelas de Sant Ferran», concluyó.
EL APUNTE
Hay indicios de delito para el juez, pero no desde la perspectiva del Ministerio Fiscal
uLa abogada Maite Ferrer apuntó ayer en el BNP que la apertura de este juicio oral no es un automatismo tras la aceptación del recurso frente al sobreseimiento del caso, sino que «debe haber un principio indiciario de que puede haber delito, porque sino la causa se archivaría». La abogada consideró que la celebración del sobreseimiento fue «precipitada», dado que no era una decisión firme. A pesar de ello, quiso destacar el hecho de que no haya acusación del Ministerio Fiscal. «Cuando uno va a un juicio penal, aun no siendo un plato de buen gusto, puede ir algo más tranquilo si sabe que solo acude la acusación particular», valoró Ferrer, dado que eso implica que cuando el Ministerio Fiscal ha estudiado la instrucción de este procedimiento, considera que no hay indicios de delito.