El pasado 26 de febrero, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, Antoni Terrasa, aterrizaba en Ibiza para comprobar sobre el terreno la caótica situación en la que se encontraba la adminitración de Justicia en Ibiza tras el incendio ocurrido un mes antes en los juzgados de Isidor Macabich. Aquella jornada, Terrasa avanzó el inminente alquiler de unas dependencias de 400 metros cuadrados de la torre 6 del Cetis para albergar los juzgados de Instrucción. Semanas después los 400 metros quedaron reducidos a unos 280. Dos meses después, los juzgados de Instrucción siguen funcionando en «condiciones muy precarias» en la torre 1 y el traslado a la torre 6 se demorará hasta pasado el 1 de mayo, según fuentes judiciales.
«Lo que está pasando en Ibiza es lamentable y sonrojante», apunta Sabino Aramburu, delegado de Justicia del sindicato CSIF. Aramburu, en declaraciones al Periódico de Ibiza y Formentera, pone en duda la «funcionalidad» de las nuevas instalaciones ya que en 200 metros cuadrados se debe dar cabida a 36 trabajadores (nueve funcionarios por cada uno de los cuatro juzgados), una sala de espera para los usuarios y una sala para videoconferencias. Los otros 80 metros se corresponden a los despachos para los cuatro magistrados y otros tantos letrados de la Administración de Justicia.
Asimismo, advirtió que el traslado se llevará a cabo de forma escalonada. «Si todo va bien, lo normal es que a finales de la semana que viene se trasladen uno o dos juzgados y luego los otros dos», apuntó Aramburu, quien, no obstante, señaló que todas las previsiones hay que «cogerlas con alfileres porque los problemas afloran constantemente en el sindiós que estamos sufriendo desde el pasado 21 de enero».
Aramburu critica la demora que está sufriendo el traslado de los juzgados y el «dinero que todo el proceso está costando a los bolsillos de los contribuyentes».
En este sentido, lamentó «el dinero que se ha tirado en las obras de acondicionamiento realizadas en la planta baja del edificio incendiado, unas instalaciones que finalmente no obtuvieron el visto bueno para su utilización».
El representante del CSIF echó de menos una mayor implicación de los «parlamentarios y letrados ibicencos -Sofía Hernanz, Pilar Costa o José Vicente Marí Bosó- que conocen de primera mano el drama que esta parálisis conlleva».
Por otra parte, trabajadores y operadores judiciales ven cada vez con más escepticismo que el traslado a la nueva sede judicial de sa Graduada sea posible antes del verano. En su día, el juez decano de Ibiza, Juan Carlos Torres, advirtió que esta situación sería «insostenible».