El incendio que tuvo lugar el lunes en el edificio okupado de es Viver ha sido «uno de los momentos más difíciles de la legislatura». Así lo dijo ayer Rafa Ruiz, alcalde de Vila, tras guardar un minuto de silencio -frente a la casa consistorial- por la mujer fallecida como consecuencia del trágico suceso.
Según apuntó Ruiz, el Ayuntamiento lleva años trabajando en ese edificio; «Era una situación muy delicada y, al final, hemos tenido una desgracia. Nosotros nos responsabilizamos de esta situación dramática». En este sentido, explicó que las investigaciones para conocer el foco del incendio siguen «abiertas» ya que «la situación es muy complicada».
De hecho, concretó que la arquitecta municipal no puedo inspeccionar el inmueble hasta pasada la tarde del lunes a causa de las llamas. «La arquitecta dirá si se cataloga como ruina. Hay que hacer una serie de comprobaciones y, en las próximas horas, sabremos el dictamen», matizó.
El problema está, según reiteró el alcalde, en que el edificio es de titularidad privada después de que la Sareb consiguiera vender la deuda. Concretamente, ha sido la empresa Nightwing Issuer Designated Activity Company, con sede social en Irlanda, quien se ha hecho cargo de la hipoteca por valor de dos millones de euros, pero «no sé en qué situación está ahora», manifestó Ruiz.
De momento, el Consistorio no tiene noticias de la propiedad a quien ha reclamado una serie de inversiones por actuaciones realizadas en la zona, como la retirada de 60 toneladas de residuos. Asimismo, Ruiz recordó que las instancias judiciales denegaron la entrada del Ayuntamiento y se plantearon, incluso, adquirir el edifico con fondos europeos.
En este momento es la empresa privada quien tiene que responder, pero, de no hacerlo, «lo hará el Ayuntamiento, lógicamente», concluyó Ruiz sin olvidar de decir que «el único que ha hecho algo por este edificio ha sido el Ayuntamiento en estos últimos años», tanto en la actual legislatura como en la anterior con el Partido Popular al frente.
Por otra parte, el alcalde de Vila exigió la necesidad de tener infraestructuras sociales adecuadas en el municipio. En esta línea, reconoció que, aún sabiendo la situación que vivía este edificio, el Ayuntamiento solo actuaba en ocasiones puntuales y «podría haber sido peor porque mucha gente [que pernoctaba en el edificio] estaba trabajando en ese momento».
Según argumentó, entre Policía Nacional y Benestar Social se elaboró un censo de unas 50 personas sobre las que, dijo, van a tratar cada caso de forma individualizada.
Benestar Social
La concejalía de Benestar Social de Vila, a través de la Red de Inclusión Social, activó el lunes la asistencia a las personas afectadas por el incendio. Según comunicó el Ayuntamiento, fueron atendidas un total de 41 personas, de las cuales 39 requirieron un espacio para pernoctar. Este se habilitó en el Centro de Educación para Adultos (en la antigua escuela sa Bodega) de una forma similar a la que se hace cuando se activa el protocolo de ola de frío.
Según explicaron fuentes municipales en un comunicado, la mayor parte son personas extranjeras con permiso de trabajo y residencia en España (37) y uno con trabajo estable (27). La tercera parte (14 de ellos) llevan en la isla menos de nueve meses y otros 16 llevan hasta tres años en la isla.
A primera hora de la mañana de ayer, el departamento de Benestar Social evaluó la atención dada durante el dispositivo que, según informaron, se adaptará a las necesidades que se vayan dando por parte de los afectados y en colaboración con otras instituciones como el Consell d'Eivissa «que ha mostrado su predisposición en ayudar en lo que sea necesario».
Esta pasada madrugada, el dispositivo ha seguido funcionando ya que muchos de los afectados han perdido su documentación en el incendio; una situación que se está tratando de solventar de las unidades de Trabajo Social. Aún así, «el dispositivo se trata de algo temporal», puntualizó el alcalde.