No fue en mayo, sino un 27 de agosto, pero las lluvias caídas han tenido sus efectos. Las inundaciones registradas el martes en la sede judicial aún sin estrenar de sa Graduada motivaron la visita ayer a Ibiza del delegado del Gobierno en funciones, Ramon Morey, junto al gerente territorial de Justicia, Enric Travesset.
La delegación llegada desde Palma inspeccionó sobre el terreno el panorama en el que se encuentra la futura sede judicial. Tras recorrer las nuevas instalaciones y comprobar el estado de la construcción, valoración positiva tras unas inundaciones «que han sido como una prueba de estrés para la obra», aseveró Morey. Respecto a los plazos, el delegado del Gobierno en funciones aventuró que «si no surgen más imprevistos externos», el edificio podría ser inaugurado en cuestión de un mes, un plazo que el juez decano de Ibiza, Juan Carlos Torres, amplió hasta los dos meses.
Morey, Travesset y el juez decano encabezaban una comitiva en la que también estaba presente la secretaria coordinadora provincial para Menorca, Ibiza y Formentera, Josefa Juan Marí, y diversos mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
En declaraciones a los medios, el delegado del Gobierno en funciones restó importancia a las inundaciones y filtraciones registradas en las dependencias del sótano donde se ubicará el Instituto de Medicina Legal y Forense y los calabozos. «Las lluvias y sus efectos han servido como una prueba de estrés del edificio», apuntó Morey. En este sentido, indicó que este hecho «en nada» va a «perturbar o retrasar» la puesta en marcha de la sede, que «puede estar en funcionamiento» en un mes salvo imprevistos ajenos a la obra», indicó Morey, quien apostilló: «salvo que caiga un meteorito, confiamos en inaugurar este edificio en cuestión de un mes».
Ramon Morey hizo hincapié en que la situación que anegó algunas dependencias y pasillos «está normalizada» y achacó la entrada de agua «a problemas de evacuación de la red pública de agua, más que por defectos estructurales».
La agenda marcada inicialmente advertía que los medios no podrían entrar ayer en las instalaciones. No obstante y acompañados por el director insular, los reporteros pudieron acceder a las zonas del edificio afectadas por las lluvias para que la normalidad fuera plasmada en imágenes.
El delegado del Gobierno en funciones explicó que el edificio desagua por dos partes y que el martes, por las lluvias, se produjo un colapso en la red de evacuación de la avenida Isidor Macabich. «Se produjo una situación de carga y la red pública no dio abasto para absorber todo el agua», señaló Morey, quien recordó que el problema tiene «diversas» soluciones posibles, como la instalación de válvulas anti-retorno de aguas o sistemas de aliviaderos.
Pendientes de la inauguración
«Al fin Ibiza tendrá el edificio judicial que se merece desde hace mucho tiempo», subrayó el delegado del Gobierno, que consideró la incidencia «como una prueba de estrés que se ha superado».
El delegado del Gobierno añadió que el traslado se inició con el acondicionamiento de salas y mobiliario. «Si todo sale bien, en un mes podría estar en funcionamiento», reiteró Morey, quien advirtió que la puesta en marcha puede ser «pausada» puesto que es «lo más razonable», evitando un «colapso inmediato» si se traslada a todo el personal y el material el mismo día. En este sentido, argumentó que para el traslado se deberá determinar cuáles son los servicios «más esenciales» y «preferentes».
Además, Ramon Morey descartó cambiar de ubicación del Instituto de Medicina Legal o los calabozos, tal y como ha solicitado el sindicato CSIF. Como argumentación, apuntó que estos servicios dependen de los traslados, por lo que «tiene sentido que estas dependencias estén lo más cerca posible de la rampa de acceso».
Un traslado «tranquilo»
Por su parte, el juez decano de Ibiza, Juan Carlos Torres, apoyó la decisión de llevar a cabo una entrada «tranquila» con el objetivo de que el inmueble pueda empezar a funcionar «con la mejor satisfacción de cara a los usuarios».
Buen conocedor de cómo han ido sucediéndose los hechos en la construcción del nuevo edificio judicial, Torres amplió el plazo para llevar a cabo el traslado hasta los dos meses. «No se trata de un piso o una vivienda, sino de un edificio que va a dar un servicio público judicial, de grandes dimensiones, lo que requiere de unos tiempos determinados», reiteró el juez decano de Ibiza.
Respecto al episodio de goteras y filtraciones registrado el martes, Juan Carlos Torres indicó que «ha sido una prueba casual que ha permitido detectar pequeños fallos subsanados en el mismo día», remarcó.
Tras las sucesivas demoras y los últimos acontecimientos vividos, la inauguración y entrada en funcionamiento del nuevo edificio judicial sigue sin una fecha concreta y podría demorarse hasta noviembre, tal y como advertían trabajadores y el sindicato CSIF desde antes del verano.