Representantes de la Junta de Compensación del polígono 32 de la ciudad de Eivissa, en el barrio conocido como Cas Mut, se muestran dispuestos a pactar un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Vila que limite las condiciones de edificabilidad de esta zona de acuerdo con la modificación transitoria del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2016, más restrictivo que el PGOU de 1987, actualmente en vigor.
Se trataría de recuperar un documento que ya se ofreció en su momento al Consistorio en 2015, cuando el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (Tsjib) tumbó el PGOU de 2009.
El órgano, que representa 62 propietarios de terrenos en este polígono, ofrece esta alternativa al Ayuntamiento tras la aprobación en el pleno municipal del 12 de noviembre de la suspensión de la concesión de licencias en Cas Mut durante un año.
La junta de compensación presentó el 9 de diciembre un recurso de reposición contra este acuerdo del pleno al considerarlo «anulable» e incluso «nulo de pleno de derecho». Además, se apuntaba que la suspensión durante un año supondrá un «perjuicio económico» a los propietarios que «entrañará el derecho a indemnización».
Sin respuesta
En el recurso de reposición planteado por los propietarios del polígono 32, recuerdan la existencia del convenio que plantearon «por propia iniciativa» al Ayuntamiento en 2015 para aplicar en este espacio los parámetros recogidos en el PGOU de 2016.
Ese texto recogía también la voluntad de los propietarios de «presentar una solicitud o instancia para promover una modificación puntual del PGOU de 1987 a los efectos de reducir los parámetros edificatorios.
«Nosotros estamos totalmente de acuerdo con esos parámetros [planteados en el convenio]. Creemos que ponen en valor la urbanización con menor edificabilidad», indican. Por otra parte añaden que «los valores del PGOU del 87» tampoco son del agrado de los propietarios.
Según un representante de la junta de compensación, el Ayuntamiento vio en su momento este acuerdo «con buenos ojos». Sin embargo, no hubo respuesta para ponerlo en marcha ni para rechazarlo «hasta que ha decretado la paralización de licencias».
Por otra parte, criticaron la decisión unilateral del Consistorio de poner en marcha esta suspensión sin hablar con los propietarios. Consideran que, de haber intentado alcanzar un pacto, se hubiese llegado a una solución «y no haber tomado esta medida en un territorio ya urbanizado donde se pagan impuestos y los propietarios hacen lo que les pide el Ayuntamiento. Es una zona urbana donde no se tenía que haber actuado de esta manera».
Licencias solicitadas
Los servicios técnicos del Ayuntamiento habían recibido en el momento de aprobar la suspensión un total de 23 solicitudes de licencia, de las cuales siete habían sido autorizadas y están en un estado de ejecución más o menos avanzado; una licencia fue denegada y otras cinco no habían iniciado obras. El resto de solicitudes estaban pendientes de resolverse por falta de informes o documentación.
Cabe señalar que las licencias concedidas se otorgaron conforme a los parámetros de la modificación transitoria del PGOU de 2016, por lo que son proyectos de 300 m2 como máximo con mucha separación entre parcelas y de una sola planta.
La aplicación del PGOU de 1987 permitía la edificación en la práctica totalidad de la parcela y hasta tres alturas. La concejala de Urbanismo, Elena López, consideró en el pleno del 12 de noviembre que permitir la aplicación de esos parámetros supondría «una barbaridad» dado el impacto paisajístico de estos volúmenes de edificabilidad.
La concejala asumió en ese mismo pleno que se corría «el riesgo de que el Ayuntamiento tenga que pagar algún tipo de indemnización», una posibilidad de la que también alertó la oposición.
Los propietarios de Cas Mut indican en el recurso de reposición su voluntad de exigir esas indemnizaciones «en el momento oportuno» debido a los perjuicios causados por la suspensión de la concesión de licencias.