El PP, a través del Consell d'Eivissa, fue el encargado de argumentar este Plan de emergencia en el que se buscó el consenso de todas las partes. Tal fue así, que los populares aceptaron dejar algunas medidas fuera de la mesa de negociación.
Por ejemplo, según confesó Mariano Juan, en el documento original estaba la propuesta de recuperar la Ley del Suelo de 2014 que permitía legalizar infracciones urbanísticas prescritas en suelo rústico. Una medida que, según recordó, «permitió recaudar unos ocho millones en menos de dos años, cuando el PSOE subió al gobierno y la sustituyó. En este caso también fueron los socialistas los que vetaron esta medida.