Rafa Ruiz fue ayer muy crítico con el presidente del Gobierno. El alcalde de Ibiza aseguró en los micrófonos de la Cadena SER estar «decepcionado» con el gobierno de Pedro Sánchez.
Ruiz criticó especialmente las dificultades que está poniendo el Gobierno a los Consistorios para tener liquidez ante la imposibilidad de utilizar el remanente de los ejercicios pasados. «Estamos muy sorprendidos de que no haya un avance y de que vayan como tutelando a los ayuntamientos cuando somos soberanos y no tenemos que tener este corsé continuo».
El alcalde de Vila señaló que la situación actual en la que se pelea para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 es crítica: «No damos abasto, tenemos colas continuas de gente que necesita ayuda y no podemos tener ese dinero en el banco».
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Vila cuenta con 20 millones de euros de remanente de los pasados ejercicios.
Ruiz no fue el único alcalde que se quejó por esta falta de liquidez que atenaza a los consistorios. A lo largo de toda la geografía española son muchos los municipios que piden una mayor maniobralidad.
Dos de los pesos pesados del entramado socialista os de los principales alcaldes socialistas, Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y regidor de Vigo, y Óscar Puente, de Valladolid, advirtieron al presidente del riesgo y exigieron una respuesta del Ministerio de Hacienda. Lo hicieron en la reunión de la dirección del PSOE que se celebró el lunes, según El País.
Allí hubo momentos de tensión como cuando Puente aseguró que la demanda de mayor liquidez de los 8.131 Ayuntamientos, utilizando los recursos propios, es transversal a los partidos y que son muchos los socialistas que la reclaman. Sánchez respondió que la ejecutiva federal no era el órgano indicado para abordar ese tipo de cuestiones y les emplazó a hablar con el Ministerio de Hacienda.
Los ayuntamientos españoles aguardan desde hace meses que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, les permita disponer de los casi 18.000 millones ahorrados de ejercicios anteriores.
A estas quejas se añaden las complicaciones de los Consistorios de tener que asumir la gestión del nuevo Ingreso Mínimo Vital.