El gobierno del Ayuntamiento de Sant Josep ha venido justificando el convenio que permitirá a una promotora construir 12 villas de lujo en una punta en primera línea de Cala Vedella, conocida como es Port d'en Nebot, en que ésta tiene una licencia en vigor que le permite construir un conjunto de 61 apartamentos y que es de interés general para el municipio reducir la edificabilidad, disponer de 23 plazas de aparcamiento público y de una zona de libre acceso, a la que en realidad no se puede acceder porque es un acantilado inaccesible, tal como ha venido publicado este diario.
La licencia que justifica este convenio data de 2005 y el Ayuntamiento de Sant Josep ha recurrido a una treta para mantenerla «viva», según su propia definición. Un círculo vicioso que siempre concluye en la disyuntiva de o 12 villas con 7.600 metros cuadrados edificados o 61 apartamentos con 12.875 metros cuadrados edificados. O lo tomas o lo dejas.
Según la documentación que obra en poder de Periódico de Ibiza y Formentera, la operación que convierte en eterna la licencia de 2005 y que es la clave de la operación parte del informe jurídico que la técnica municipal emitió para resolver las alegaciones que presentó la entonces titular de los terrenos, Zomote SL, en 2016 para que se archivara el expediente de caducidad iniciado de oficio por el Ayuntamiento con un notable retraso, ya que las obras debieron acabar el 1 de diciembre de 2010.
A pesar de que la promotora no solicitó una segunda prórroga, básicamente porque no tenía derecho a ella, la jurista municipal propone en su informe de 23 de enero de 2017 archivar el expediente de caducidad de la prórroga y otorgar una nueva prórroga.
Un año para ejecutar las obras
La jurista entiende que no se puede archivar la caducidad sin otorgar un nuevo periodo de ejecución, ya que no tendría sentido proponer una cosa y la contraria al mismo tiempo. Propone darle a la promotora un año para empezar y acabar las obras de los 61 apartamentos.
El informe se basa un dato clave que es inexacto, ya que se refiere a una supuesta solicitud de prórroga («la prórroga se solicita cuando no habían finalizado los plazos de ejecución») que fuentes municipales han negado en varias ocasiones que exista a preguntas de este diario.
«El acuerdo que se adopte (por la comisión de gobierno) deberá pronunciarse sobre la concesión de una prórroga», dice al respecto. En las conclusiones, además de proponer el archivo del expediente de caducidad, también, propone «otorgar prórroga del plazo de ejecución de las obras amparadas por la licencia 363/2005 por la mitad del inicialmente concedido», tal como se puede leer en el fragmento del informe reproducido en esta misma página.
Sea como fuere, el gobierno municipal solo hizo caso parcialmente a las conclusiones del informe jurídico. Y es que, pocos días después, el 7 de febrero de 2017, la junta de gobierno acordó, tal como propone la técnica municipal, estimar las alegaciones y archivar el expediente de caducidad en base al informe jurídico.
Sin embargo, en el punto dos del mismo acto, la comisión de gobierno simplemente se da por enterada de la prórroga, es decir, no la concede, lo que, a efectos prácticos, supone congelar sine die una licencia que, por lo tanto, seguía en vigor de forma indefinida, ya que no había, ni hay, plazo de finalización alguno.
Aberración
Expertos en urbanismo consultados califican de aberración tanto que la técnica municipal aluda a una petición de prórroga sin que ésta exista, como que la comisión de gobierno no resolviera sobre este punto y no lo haya resuelto.
En cualquier caso, tras haber logrado salvar el primer jaque a la licencia de 2005 al evitar su caducidad, la promotora Zomote demostró el mismo interés en levantar el complejo de 61 apartamentos que hasta entonces: ninguno.
Ni comunicó el inicio de las obras, ni solicitó aclaración alguna sobre la vigencia de la prórroga.
Zomote acabó desprendiéndose del terreno sin haber puesto un bloque en más de 13 años un año después, el 16 de marzo de 2018, fecha en la que entra en juego Bastiodón, actual titular de los terrenos y de la licencia.
Tampoco se da prisa Bastiodón en comunicar la compra al Ayuntamiento ni en solicitar el cambio de titular, ya que la instancia, también en poder de este diario, tiene registro de entrada el 29 de noviembre de 2019, es decir, más de 20 meses después de su adquisición.
Mientras se producían los cambios de titular de los terrenos y de la licencia de 2005, la supuesta prórroga dormía el sueño de los justos gracias a la inacción municipal.
El siguiente movimiento del expediente es la aprobación en junta de gobierno de un convenio urbanístico y su exposición pública, que ya ha finalizado con la presentación de varias alegaciones de particulares, partidos políticos y entidades ecologistas.
Ni solicitud, ni procedimiento
La justificación del convenio se basa en la vigencia de la licencia y, por lo tanto de la prórroga no solicitada y no concedida, y también incluye datos inexactos al respecto.
En varias ocasiones, como se puede ver en los fragmentos que se reproducen en esta página, se refiere a «la prórroga de la licencia solicitada» y a la «suspensión del procedimiento para la concesión de la prórroga», que tampoco existe.
Ni el alcalde, Josep Marí Ribas Agustinet, ni el concejal de Urbanismo, Angel Luis Guerrero, han querido responder a las preguntas de este diario.
A través de fuentes oficiales del Ayuntamiento, el gobierno municipal mantiene que la licencia está «viva» y que, por lo tanto, las 12 villas del convenio es la única alternativa a la construcción de los 61 apartamentos.
El equipo de gobierno de Sant Josep considera que, una vez que se aceptó la argumentación de la empresa contra la caducidad de la licencia y se archivó el procedimiento, la licencia de 2005 está vigente.
Es más, insisten que el Ayuntamiento también debió conceder una prórroga a la misma, algo que, sin embargo, no ha hecho.
«Se entiende que desestimar la caducidad implica una segunda prórroga, que los técnicos estiman que el Consistorio debe conceder», pero que no ha concedido de forma expresa y sí de forma tácita con el convenio, explicaron al respecto desde el Ayuntamiento.
Al entablarse la negociación con la promotora, además, la licencia, según la versión municipal, quedaría «aparcada en un segundo plano», según el Consistorio.
Insisten una y otra vez en que la licencia está «viva» y que la empresa está demostrando actividad ya que habla con ellos.
«Ellos tienen unos derechos adquiridos que les interesa revisar. Estamos en este procedimiento que para todos los relojes en lo que respecta a esta licencia», explicaron.
A pesar de la evidente inactividad desde el archivo de la caducidad de la licencia (febrero de 2017) y la compra venta (noviembre de 2019), es decir casi tres años, el Ayuntamiento sostiene que la empresa puede construir los 61 apartamentos autorizados en 2005 y para evitarlo, la única solución es hacerle un traje a medida.
Moción de control
El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sant Josep, Daniel Becerra, ha presentado una moción de control al alcalde en el Pleno de hoy para que responda a los interrogantes que envuelven este asunto.
La moción que llevó Ciudadanos al anterior Pleno proponiendo la caducidad de la licencia destapó el caso y logró el apoyo unánime de toda la oposición. El grupo ha presentado alegaciones al convenio.