El convenio «está completamente extinguido a fecha actual». La afirmación no puede ser más tajante ni rotunda. La Abogacía General del Estado no duda y la ley es clara. El texto no se actualizó a la normativa vigente y por ello todas las peticiones de prórroga están siendo desestimadas. Esta es la clave para entender por qué la isla de Ibiza va a perder cuatro millones de los fondos estatutarios que estaban destinados a los proyectos del Parque de ses Feixes, los Senderos turísticos de ses Salines y la Rehabilitación de un edificio en sa Coma como Observatorio Turístico.
Los tres proyectos, valorados en cuatro millones de euros, se habían incluido en el convenio que el Govern balear y el Estado habían suscrito en diciembre de 2010 para la financiación de infraestructuras turísticas del archipiélago. Estas inversiones tenían su plazo de caducidad en septiembre de este año, aunque se ha ampliado el plazo tres meses más a causa del estado de alarma que se decretó por la pandemia provocada por la COVID-19. Ante el inminente fin de plazo, el 17 de septiembre, el Govern solicitó una prórroga del plazo de ejecución, plazo de justificación y redistribución de presupuestos. Una petición que ya ha sido desestimada por la Secretaría de Estado de Turismo.
La prórroga pedía ampliar el plazo de los proyectos de ses Feixes y ses Salines a 2023 y hasta abril de 2021 los trabajos en el Hipódromo de Sant Rafel, que sustituyeron al proyecto de Rehabilitación del Observatorio de Turismo. También se pidió la ampliación del proyecto del Sendero turístico de Sant Joan que sí que está avanzado y que supone unos 400.000 euros.
Una primera prórroga
Uno de los aspectos más llamativos en lo tocante a estos proyectos es que el Govern solicitó una primera prórroga que sí fue aceptada a 15 de julio de 2019. Con esta petición se ampliaba hasta septiembre de 2020 el plazo de ejecución de los proyectos denominados: Parque de ses Feixes y Playa de Talamanca, Senderos Turísticos de ses Salines, Rehabilitación de un edificio en sa Coma como Observatorio Turístico, Sendero Turístico de Labritja y Ampliación del edificio de Ferias y Congresos de Ibiza. Para el resto de las actuaciones que estaban dentro del convenio de diciembre de 2010 el plazo vencía el 31 de diciembre de 2019.
Es curioso que esta primera prórroga se pidiese meses antes de que el convenio caducase el 2 de octubre de 2019. El motivo de esta caducidad es que «la Disposición Adicional Octava de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público estableció la obligación de adaptar los convenios preexistentes a su texto en el plazo de tres años de su entrada en vigor». Una adaptación que no se llevó a cabo. Ni el Estado ni el Govern se preocuparon por actualizar el texto a la normativa vigente, quedándose este fuera de orden. «La falta de adaptación a las previsiones de la LRJSP de los convenios preexistentes a dicho texto legal, en el plazo establecido, determina la pérdida de la eficacia del convenio, esto es, su extinción», esgrime la Abogacía General del Estado, que añade que las prórrogas suponen una modificación del convenio y que «dicho convenio no es susceptible de modificación» porque «se encuentra extinguido desde el 2 de octubre de 2019».
Con el texto fuera del marco legal parece complicado que se pueda encontrar un camino para que estos proyectos se lleven a cabo con los fondos estatutarios. Hasta la fecha ni el Govern ni el Ministerio de Turismo se han pronunciado ni han dado explicaciones de por qué se ha llegado a este punto que supone un grave perjuicio para la isla de Ibiza. El convenio estaba firmado por ambas partes y ambas parecen responsables de no haber adaptado el texto a la normativa vigente.
Desde el Consell acusaron el jueves al Govern de no haber activado este mecanismo, pero también reconocían que el Estado no se había preocupado por informar de que había que haber hecho esto.
De momento, el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha pedido por escrito a la presidenta balear, Francina Armengol, que agote todas las posibilidades para evitar que estos cuatro millones se acaben perdiendo. La situación es complicada porque la Abogacía del Estado se ha mostrado inflexible en anteriores situaciones con proyectos que afectaron mismamente a Menorca y Mallorca.
Aunque los plazos de ejecución siguen vigentes con la prórroga por el estado de alarma, el conseller de Gestión Ambiental, Vicent Roig, señaló que no existe tiempo material para poder llevar a cabo todas las intervenciones que hacen falta para completar dichos proyectos.