El Sindicato de Médicos de Baleares (Simebal) considera que el Área de Salud de Ibiza y Formentera necesitaría la incorporación inmediata de al menos 50 médicos más, tanto para la Atención Primaria en centros de salud como en el ámbito de las especialidades hospitalarias.
Esta una de las principales denuncias de los facultativos de las Pitiusas, que conforman un colectivo de más de 400 profesionales que han sido convocados a la huelga el próximo martes, día 27, así como cada último martes de cada mes, «hasta que se suscriba un pacto con las autoridades por una sanidad de calidad de todos y para todos», como reza el manifiesto que aúna las reivindicaciones del colectivo médico y que fue presentado ayer en la entrada del hospital Can Misses.
La reclamación de más medios, más profesionales y más inversiones en el sistema público de salud no es una novedad, pero la carga extraordinaria de trabajo que ha supuesto la pandemia ha llevado al límite a la Atención Primaria en Ibiza y Formentera, que se encuentra «verdaderamente desbordada», según reveló el portavoz del Simebal en las Pitiusas, Carlos Rodríguez Ribas, que advirtió del peligro que puede suponer esta situación en el trato que se debe dar a los pacientes. «No debemos olvidar que los pacientes también tienen otras enfermedades y les queremos atender bien», precisó su compañero Antonio Pallicer, quien afirmó que el sistema contra la pandemia que se puso en marcha en marzo «se ha ido prolongando, y para urgencias ya no funciona. Hay que cambiarlo y hacen falta más médicos porque hay que desdoblar el trabajo, y la verdad es que ahora estamos en peores condiciones que entonces, por lo que resulta crucial mejorar la ratio de pacientes por médico».
Carecen de datos exactos, pero ambos médicos de familia afirman que tienen «la impresión segura de que ha habido pacientes con infarto que no han llegado a tiempo al hospital, cánceres que han llegado tarde o en peores condiciones, y esas cifran saldrán a relucir».
Pero la gota que ha colmado la paciencia de los facultativos de toda España ha sido el decreto ley aprobado por el Gobierno central a principios de octubre por el cual se autorizan los contratos excepcionales de personal sanitario extracomunitario o que carezca de plaza MIR, una medida que, según los representantes de los médicos, también «pone en grave riesgo la seguridad de los pacientes».
Degradación de la sanidad
Esta decisión representa «una grave degradación de la sanidad pública, que ya lleva diez años con recortes y falta de inversión». En estas circunstancias, Simebal denuncia que está aumentando la demora para ser atendido por un médico, que antes de la pandemia se cifraba en más de siete días. «Las listas de espera para pruebas diagnósticas, de acceso a especialistas o quirúrgicas han ido creciendo mes a mes», según el sindicato, una situación que ha provocado en muchos pacientes «dolor, sufrimiento, invalidez y hasta fallecimientos, porque los recortes en sanidad siempre acaban traduciéndose en muertes evitables».
Los médicos denuncian asimismo que los criterios de inversión están condicionados por cuestiones políticas y que este deterioro del sistema es lo que ha provocado la huida de jóvenes profesionales españoles a otros países. Según Carlos Rodríguez, «cada médico que se forma en España le cuesta al Estado 200.000 euros. La pandemia ha puesto al descubierto estas debilidades y el dato estremecedor es que desde el año 2015 se han ido de España 17.000 médicos a otros países como Irlanda, Francia o Alemania. Lo que esperamos es que estos jóvenes vuelvan a casa».
El manifiesto presentado ayer resume en cinco puntos las reivindicaciones de los médicos: retirada inmediata del decreto que permite la incorporación de extracomunitarios; aumento de la inversión en la sanidad pública de acuerdo con la media europea y con criterios finalistas; homogeneización de criterios en todas las comunidades para el abordaje de la pandemia; soluciones inmediatas para evitar la saturación crónica del sistema y un pacto por la sanidad «de todos y para todos» que asegure la calidad asistencial y en el que se impliquen todos los partidos políticos, los profesionales y los pacientes.
Atención presencial
Los facultativos advirtieron asimismo que la pandemia está originando que aumenten notablemente las consultas por teléfono a los médicos, «y nosotros queremos atenderles en persona, pero las directrices las toma el Govern balear, que ordena el protocolo, un protocolo que se debería negociar para atender a los pacientes presencialmente, que es nuestra voluntad». Rodríguez quiso pedir disculpas a la población, paro matizó que «nosotros tenemos que someternos a la disciplina que nos obligan, que es hacer muchas llamadas telefónicas y pocas presenciales, y si pudiéramos intervenir en la negociación lo organizaríamos de otro modo».
Más de 2.000 pacientes por médico en atención primaria
Los médicos de familia y pediatría de Atención Primaria en plantilla del Área de Salud de Ibiza (68) y Fomentera (5) tienen asignado un promedio de pacientes que supera holgadamente la ratio en la sanidad española, donde cada facultativo atiende a una media de 1.380 personas, mientras que en Ibiza la cifra asciende hasta las 2.127 y en Formentera se elva aún más, con 2.443 pacientes por cada médico de familia, según los datos del Sindicato de Médicos, unas cifras que equiparan la situación en Balears con la de Ceuta y Melilla.