El juicio por el robo cometido en la sede del Grupo Empresas Matutes, previsto en Ibiza para la última semana de enero, será suspendido debido a la situación sanitaria actual.
Así lo ha confirmado a Europa Press el letrado de una de las partes implicadas. El pasado lunes, vía telemática, se celebró una reunión entre la magistrada y los abogados del caso y todas las partes acordaron esta suspensión, por lo que sólo queda recibir la notificación oficial de este aplazamiento.
También la acusación particular solicitó la suspensión, así como Fiscalía y uno de los abogados defensores, un hombre de avanzada edad ante el riesgo que podía suponer reunirse a diario, durante una semana, unas 11 personas en una sala judicial. "Es una bomba de relojería", han indicado fuentes judiciales a Europa Press.
En principio, es probable que el juicio se traslade al mes de mayo, una vez más, si la situación epidemiológica lo permite.
El letrado ha añadido también que el cierre de la restauración hasta finales de enero en Ibiza iba a dificultar la asistencia a los abogados que deben trasladarse a la Isla desde distintas ciudades para participar en el proceso.
En mayo de 2019 y ante la evolución de la pandemia, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza aplazó el juicio que estaba previsto del 16 al 19 de junio. También entonces, el hecho de que tuvieran que testificar varias decenas de personas hizo pensar que sería complicado cumplir con la normativa sanitaria.
El pasado noviembre se comunicó que el juicio iba a tener lugar durante la última semana de enero con sesiones de mañana y tarde. Además de los tres acusados y distintos testigos, el ex ministro de Exteriores en el primer mandato de José María Aznar, Abel Matutes, está citado a declarar como testigo en esta causa.
EL ROBO DE 2,7 MILLONES
El robo a la sede de Empresas Matutes tuvo lugar en la noche del 26 de octubre de 2013, cuando los ladrones lograron un botín cercano a los tres millones de euros.
El único acusado como autor material del robo es un ex agente de Policía Nacional que trabajaba como vigilante de seguridad en la sede. La Fiscalía reclama para él una condena de cinco años de prisión por la comisión de un delito de robo con fuerza. El Ministerio Público también pide que indemnice a la empresa con 995.000 euros.
En el banquillo deberá sentarse otro acusado para quien la Fiscalía reclama 21 meses de prisión por el delito de encubrimiento y a quien no exige indemnización. Desde la acusación particular solicitan un año para la pareja del primero a la que acusan de encubridora.