El Ayuntamiento de Sant Josep ha ordenado por decreto la paralización de las obras que se estaban realizando en el recinto del antiguo restaurante Km.5, en la carretera de Sant Josep. El Consistorio ya paralizó y precintó unas obras iniciadas en este mismo recinto en enero del año 2020 para las que no se había solicitado licencia. La propiedad, amparándose en una comunicación previa, habría retomado las obras excediéndose en lo declarado.
Desde el Consistorio informaron de que el pasado mes de junio se hizo una comprobación por parte de la celadora municipal de la situación del precinto, certificando que se estaba respetando.
Sin embargo, a finales del año pasado se realizó una nueva vista al haber recibido una denuncia de que había movimiento de vehículos en la zona.
Tiempo después los propietarios entregaron una comunicación previa informando de que se iban a realizar unas obras en el interior de las edificaciones existentes. Las obras de las que se informaba era la reforma de aseos, modificaciones en dos tiendas y la reordenación de un espacio del bar restaurante. Todo ello se amparaba en la licencia de establecimiento turístico que tiene la propiedad.
Esa comunicación se hizo el mismo día en que el propio Ayuntamiento verificó, mediante imágenes de dron, que se estaban llevando a cabo trabajos en todo el recinto y se había cimentado el suelo en un lateral de la propiedad, unos trabajos que no se apreciaron en la visita hecha en junio.
Es por ello que el Ayuntamiento indicó que, además del decreto de paralización, se está instruyendo un expediente para el restablecimiento de la legalidad urbanística.
Los servicios técnicos sostienen, además, que no habría en este caso un amparo de la Ley de Urbanismo de las Illes Balears (LUIB) para realizar ningún tipo de obras, dado que se trata de unas construcciones fuera de ordenación.
Señalan que en la propia memoria hecha por la propiedad, anterior a la comunicación previa, indican que se trata de un terreno que estaría afectado por zona de policía de cauces, suelo rústico protegido en área de prevención de riesgos de vulneración de acuíferos, suelo rústico protegido en área de protección territorial de carretera y rústico común en régimen general.
Este inmueble y su terreno correspondiente fueron adquiridos el año pasado por Francisca Sánchez Ordóñez, conocida empresaria de la isla por el caso de las obras ilegales en el establecimiento Casa Lola.