No peligra el descuento del 75 % en los viajes que se aplica en Balears a los residentes. Así lo precisó ayer el ministro José Luis Ábalos. El titular de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana afirmó que esta «inquietud» es recurrente pero que la rebaja está «blindada» y que es cierto que se encargaron estudios sobre su aplicación y sobre si había que condicionarlos a ingresos o niveles de renta pero que «digan lo que digan los estudios», «nunca se ha cuestionado esta bonificación y que «la voluntad» es mantenerlo.
Ábalos también dijo estar enterado del encarecimiento de precios –aseguró que las restricciones en viajes por la pandemia habían alterado lo que era normal– pero fue muy explícito a la hora de indicar que desde su Ministerio se vigila para que no haya trampas. Dijo que van a «presionar» para que se cumpla con la obligación de solicitar la condición de residente al final del proceso de compra y que realizan un «permanente control». Afirmó que ya hay compañías que cumplen y recordó que todas deben hacerlo.
El derecho a la vivienda
Ábalos no estaba ayer en Palma para ninguna gestión relacionada con transportes sino para firmar una serie de acuerdos relacionados con la vivienda. El día anterior había pasado por Eivissa y ayer recaló en Palma, donde firmó dos acuerdos de promoción de vivienda de alquiler social asequible por 3,5 millones que supondrán construir 245 viviendas en Mallorca y 100 en Menorca. Éstas se suman a las 131 formalizadas de Eivissa y a las 61 del plan estatal, y 367 de Can Escandell.
«Son más de 900 viviendas en alquiler asequible para contribuir a paliar las grandes dificultades a la que se enfrentan muchas personas en Balears para acceder a una vivienda asequible», resumió el ministro en una rueda de prensa tras firmar los acuerdos.
Afirmó que vendrían más y que «el disfrute de una vivienda digna habilita a las personas a poner en marcha un proyecto de vida mientras que su carencia es a menudo la puerta de entrada a la vulnerabilidad y a la pérdida de otros derechos básicos».
Para el ministro, en España «uno de los mayores déficit como sociedad del bienestar es el del acceso a una vivienda digna a un precio asequible».
A eso, indicó va encaminada la futura ley estatal de Vivienda que se basará en la cooperación con comunidades autónomas y ayuntamientos.
Esta futura norma (que es uno de los puntos de desavenencias entre los dos partidos del Gobierno, PSOE y Podemos) busca hacer compatible la contención de los precios del alquiler con un aumento significativo de la oferta existente».
Sobre si la norma estatal contemplaría como la Ley de Vivienda de Balears, la expropiación de uso a grandes tenedores (bancos, fondos de inversión y propietarios de más de diez pisos vacíos), el ministro dijo que «no contemplamos esta medida». Pero evitó criticarla, desautorizarla o cuestionarla.
«No puedo permitirme opinar sobre leyes; todo lo que es ley es ley, unas me pueden gustar menos y otras más. Esa es una ley balear y Balears está en el uso de su soberanía para aprobar las leyes», dijo.