Los vecinos del bloque A de los apartamentos Don Pepe no tienen intención de abandonar sus casas. El Ayuntamiento necesitará orden judicial para hacer salir a los vecinos, así lo hizo saber el abogado de la comunidad de vecinos, Juan Nadal, que informó de ello en una reunión extraordinaria de la comunidad celebrada este viernes en la sala del Cine Regio.
El Consistorio hizo público este viernes en su tablón de anuncios el decreto por el que se ordena el desalojo de los vecinos y ahora deberá notificarles.
«La entrada en los domicilios requiere autorización judicial», señaló Nadal, «espero que la Policía acuda con esa autorización judicial a las viviendas», advirtió, «porque si no, los vecinos no tienen obligaciónde dejarles entrar en sus domicilios, que son bienes protegidos constitucionalmente».
Afirmó que la salida de los vecinos el lunes es conforme a los cálculos municipales, pero «no corresponde con la voluntad de los vecinos».
En la reunión celebrada este viernes los vecinos rechazaron por unanimidad la oferta de compra del Ayuntamiento por 1,97 millones de euros con el objetivo de derribarlo y hacer un esponjamiento medioambiental en la zona. Es una oferta «inaceptable», la valoró Nadal, que indicó que hay familias que tienen hipotecas de 80.000 euros y el Ayuntamiento ofrece menos de la mitad.
«Hay 100 familias a las que el Ayuntamiento ha puesto en una situación terriblemente delicada», valoró el abogado de la comunidad de vecinos, «quiere declarar los edificios en ruina y la voluntad del Ayuntamiento es tirarlos. Estamos hablando de edificios que están construidos desde el año 67, que tienen su cédula de habitabilidad, se han cobrado impuestos a los vecinos y ha dado licencias. En este momento, no sabemos por qué no permite que se reparen las deficiencias que existen en el edificio».
Calificó la situación de «dramática» para estas familias y anunció que esta decisión va a generar «un problema social en Ibiza», dado que 50 familias se quedarán sin vivienda. En el caso de las 30 familias de las escaleras 3 a 5, el Ayuntamiento anunció que se les daría alojamiento en una apartahotel durante dos meses, lo que implica que en el mes de agosto se quedarían sin una solución habitacional y deberían buscar vivienda durante los meses de verano.
«Creo que los políticos deberían buscar una alternativa a la vía radical que están planteando», consideró el abogado, que recordó que los propietarios de las viviendas son terceros compradores de buena fe, que «han comprado sus viviendas en un edificio que nadie dijo hasta ahora que fuera ilegal». Para el abogado esta situación supone una «indefensión absoluta» de los vecinos.
Medidas cautelarísimas
Nadal anunció que los vecinos solicitarán medidas cautelarísimas ante la sala de los contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) para evitar el desalojo del bloque A y que se recurrirá el inicio del procedimiento de ruina del edificio.
Quiso poner sobre la mesa el hecho de que no se ha planteado la posibilidad de reparar el edificio, una opción que contempla el reglamento de Disciplina Urbanística. Esta opción requeriría una actuación del Consistorio para dar salida a una situación anómala. El propio Ayuntamiento recibió en 1964 los proyectos para la construcción de dos edificios, se pagaron las tasas de las dos licencias pero sólo consta una en los archivos municipales, la del bloque B, por lo que el bloque A estaría fuera de ordenación y no sería posible la autorización de ningún tipo de obra.
Desde la comunidad de vecinos defienden que se trata de una deficiencia en el procedimiento provocada por el Ayuntamiento y que debería ser la misma institución la que solucionara este tema.
«Los vecinos están dispuestos a presentar un proyecto y costear los trabajos que requiera el edificio. No quieren que se les dé dinero, lo que quieren es arreglar sus casas y seguir viviendo en ellas». A pesar de esta voluntad, el abogado de la comunidad no descartó la opción de la venta «siempre que se plantee una cantidad adecuada», teniendo en cuenta el precio de mercado y las deficiencias del edificio. «¿Qué hacen estas familias con 30.000 euros? Teniendo hipotecas que duplican y casi triplican esa cantidad», se preguntó Nadal respecto a la cantidad ofrecida por el Ayuntamiento.
El abogado aseguró que mantendrá todas las reuniones que sean necesarias con el Ayuntamiento para alcanzar una solución satisfactoria para ambas partes. En este sentido criticó la actitud municipal, que tras una reunión en la que pidió absoluta discreción sobre el tema hizo público en el Pleno el tema que se estaba tratando con los vecinos.
Anunció que el próximo lunes solicitarán una reunión, tras observar en detalle la actuación que tome el Consistorio para con las familias afectadas por la orden de desalojo. Por otra parte recordó que es necesario que estas órdenes se notifiquen personalmente, «que el decreto se haya publicado en la web municipal no nos vale».