La Conselleria balear de Asuntos Sociales considera que sin un cambio en la normativa estatal será muy difícil poder reducir los plazos para la valoración de los grados de minusvalía en el archipiélago, que en el caso de Ibiza se encuentran actualmente en seis meses, igual que en el resto de Islas. La consellera Fina Santiago reconoció que, aunque todavía los plazos no son los óptimos, se han reducido de los 18 meses iniciales hasta los seis meses de retraso medio en la actualidad. El pasado mes de febrero, este periódico se hacía eco de que no había médico para valorar la discapacidad en Ibiza, algo que aún no se ha solucionado, razón por la cual la lista de espera para la valoración de las discapacidades sigue enquistada en los seis meses.
Santiago señaló que el principal problema que se encuentran para poder agilizar este departamento es la ausencia de médicos en Ibiza que realicen las valoraciones. «No hay médicos que quieran trabajar en esto», señaló, «por lo que desde la Conselleria tenemos que ir buscando fórmulas para tratar de agilizar el servicio». Por el momento, según explicó, se está trabajando mediante la realización de «contratos menores» para poder sacar adelante las valoraciones, aunque lo óptimo sería poder realizar la contratación de un médico. «Si encontramos un médico», subrayó, «podremos reducir mucho más el tiempo de espera para las valoraciones».
Problemática estatal
La consellera balear de Bienestar Social insistió en que no se trata de una problemática exclusiva de las islas Baleares. «Es un problema que afectada a todo el territorio español», matizó, «y, de hecho, somos muchas las comunidades autónomas que hemos pedido un cambio normativo para poder agilizar este tipo de procesos».
Una de las soluciones pasaría porque se permitiera que no fuera obligatoria la presencia de un médico en el equipo de valoración de la incapacidad, que en estos momentos están formados por un médico, un trabajador social y un psicólogo. «Si se pudiese cambiar la figura del médico por la de un sanitario», insistió Fina Santiago, «podríamos tener activos más grupos de valoración y se reducirían en una gran medida los plazos». Eso sí, las valoraciones realizadas por estos grupos tendrían que ser avaladas y firmadas posteriormente por un facultativo.
El plazo máximo que contempla la ley para la tramitación de una incapacidad es de 135 días hábiles, algo que en estos momentos no se está cumpliendo en las islas. En cuanto a las valoraciones de las dependencias, Santiago manifestó que en estos momentos Baleares se encuentra por debajo de los seis meses de espera, cifra ésta que dictamina el estado como razonable.
Las repercusiones
El hecho de que haya retrasos a la hora de valorar una incapacidad a la hora de renovar el grado de minusvalía puede suponer una serie de inconvenientes para los afectados, que van desde no poder contar con la tarjeta de estacionamiento o recibir ayudas estatales o autonómicas. A nivel laboral, las personas que cuenten con una incapacidad reconocida pueden contar con ayudas económicas a los empresarios para su contratación, pueden tener un cupo reservado a la hora de hacer oposiciones y una serie de ayudas económicas para aquellos que quieran establecerse como autónomos. En materia educativa, hay becas destinadas exclusivamente para personas con un grado de incapacidad reconocida.
También existen ayudas en el ámbito de las pensiones, como la pensión contributiva de invalidez dirigidas a personas con problemas económicos y una incapacidad reconocida del 65% o superior. A esta habría que sumarle la prestación por hijo a cargo con un 65% de discapacidad o más.
Las personas con grados de incapacidad reconocido también pueden contar con exenciones en el impuesto de matriculación de vehículos, en el impuesto de circulación, reducción en la base