Hace ya más de una década que el Parlamento balear aprobó la Ley de Transporte Marítimo de las Islas Baleares (Ley 11/2010 de 2 de noviembre). Un documento que, a la postre, iba a ser la panacea para arreglar, entre otras cosas, la problemática de conectividad de la isla de Formentera.
La ley se aprobó siendo Francesc Antich presidente del Govern balear, y 10 años después, con Antich en la presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares, poco se ha avanzado en el desarrollo de este documento.
Y es que, entre otras cosas, el texto legal deja aspectos como la fijación de frecuencias entre las islas de Ibiza y Formentera a un desarrollo reglamentario posterior que, a día de hoy, todavía no se ha llevado a cabo.
El último intento de sacar adelante esta reglamentación fue en septiembre de 2019. En esa ocasión la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, logró presentar un decreto para regular la Ley de Transporte Marítimo, que finalmente tampoco salió adelante por el gran número de alegaciones que se presentaron al texto: un total de 40. Entre ellas, además de las de los operadores marítimos, también había alegaciones de los consells insulares de Ibiza y Formentera, lo que obligó al Ejecutivo autonómico a hacer un paréntesis y abrir una tanda de negociaciones tanto institucionales como con los operadores náuticos, algo que no se había hecho hasta el momento.
Entre los objetivos de este reglamento destacan el establecimiento de frecuencias de horarios obligatorios que permitan conectar las Pitiusas, sobre todo a primera y última hora del día. Todo esto teniendo en cuenta las excursiones marítimas que funcionan como transportes de pasajeros.
Parches de la APB
Y mientras no se alcanza un consenso sobre el desarrollo de la Ley de Transporte Marítimo, y ante las reclamaciones principalmente del Consell de Formentera sobre el exceso de frecuencias entre las dos islas y el daño que hace tanto tráfico marítimo al Parque Natural de Ses Salines, la Autoridad Portuaria se ha limitado a poner parches como la instrucción que prohibe la ejecución de maniobras simultáneas de embarcaciones comerciales en los puertos de Ibiza y Formentera.
Esta medida levantó muchas voces críticas dentro del sector náutico, ya que si bien pudiese contribuir a la seguridad en el interior de los puertos, no daba ningún tipo de respuesta al exceso de tráfico de embarcaciones.
Unas críticas a las que se sumó el propio Consell de Formentera, que insistió en que esta medida no suponía ninguna mejora en cuanto al exceso de tráfico de barcos en el entorno del Parque Natural. De hecho, la presidenta de la institución, Alejandra Ferrer, aseguró que lo único que habían conseguido las medidas de la APB es que hayan menos embarcaciones en el interior del puerto de la Savina «pero estas embarcaciones se encuentran haciendo cola a la entrada del puerto, muy cerca de las embarcaciones de recreo, lo que no mejora la situación de seguridad en el Parque Natural y no ha logrado una bajada de frecuencias». Ferrer fue más allá y destacó que lo único que se había conseguido es empeorar el servicio por las esperas que supone la entrada al puerto para los pasajeros.
Otro aspecto que ha esgrimido en numerosas ocasiones el Consell formenterés es el acuerdo alcanzado en 2019 con la APB y las navieras para reducir en un 30% el tráfico comercial entre las Pitiusas. Por el momento se ha logrado todo lo contrario, ya que incluso ha entrado en liza una nueva naviera para cubrir este trayecto.
La Ley aboga por la protección del ecosistema marino
Uno de los principales objetivos de la Ley de Transporte Marítimo de las Islas Baleares, según su preámbulo, es «la protección del ecosistema marítimo, de la fauna, de la flora y de la propia calidad de las aguas y costas del archipiélago, frente al alto riesgo de contaminación por hidrocarburos y sustancias peligrosas que supone el transporte marítimo». Algo que no se consigue sin reducir el tráfico.