El grupo PSOE-Reinicia de Sant Antoni recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma que avala la contratación de dos cargos de confianza, Lucía Ribas y Olivia del Cura, en calidad de asesoras de grupo político.
La magistrada del caso aseguraba que, al tratarse de personal eventual, resultaba de aplicación la normativa específica prevista en la legislación estatal de función pública en lugar de la autonómica, como defendía en su demanda el concejal socialista Antonio Lorenzo. La sentencia dejaba bien claro que «la legislación autonómica no puede contradecir o infringir la legislación básica del Estado».
Desde el principal grupo de la oposición de Sant Antoni aseguraron ayer, en un comunicado, que la legislación de la Comunidad Autónoma «complementa, que no contradice, la legislación básica en cuanto a los requisitos a cumplir para la contratación del personal de confianza».
Mantienen que los nombramientos realizados por el equipo de gobierno en estos dos casos «incumplen la Ley 3/2007 de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».
Insistieron en que la aprobación de las citadas plazas «se realizó omitiendo el trámite de creación y aprobación de la correspondiente ficha de la Relación de los Puestos de Trabajo, requisito establecido en la citada Ley».