El convenio para la construcción de una serie de viviendas para funcionarios de la Policía Nacional destinados en Ibiza y viviendas de protección pública continúa sin firmarse desde 2019 «por el cambio de interés del Ministerio del Interior, que ya no quiere vivienda protegida sino alojamiento dotacional». Donde más se ha desarrollado esta figura es en el País Vasco, y consiste en recursos residenciales de entre 25 y 60 metros cuadrados, con instalaciones y servicios comunes, y de obligado carácter rotatorio, diseñados para una o dos personas. Los pisos fueron anunciados en 2017.
Así lo aseguraron desde la Conselleria balear de Movilidad y Vivienda, que destacaron a su vez que, ante la intención por parte del Ministerio de variar lo que se firmó el 27 de febrero de 2019 en el protocolo de actuaciones entre Gobierno, Govern, Consell d'Eivissa y Ayuntamiento de Ibiza, «es necesario garantizar el equilibrio patrimonial entre el suelo que aporta el Ministerio», una finca de 8.447,03 metros cuadrados, «y el coste de la construcción que deberá realizar el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), además de los importes que deba aportar el Consell. En estos momentos se están ajustando las valoraciones del suelo para determinar el equilibrio de dichas prestaciones», indicaron desde la Conselleria.
La máxima institución insular aseguró, por su parte, que no había mantenido ninguna reunión con el Govern balear para hablar sobre la financiación de las obras y recordó que, según el protocolo firmado en 2019, su compromiso consistía en comprar parte de estas viviendas para incorporarlas a su patrimonio «en función de sus disponibilidades presupuestarias».
Facilitar el acceso a la vivienda
La participación del Ayuntamiento de Ibiza en este protocolo consistía en agilizar los trámites administrativos municipales necesarios «para el otorgamiento de las licencias de segregación, así como de las licencias preceptivas» para la ejecución de las obras.
Periódico de Ibiza y Formentera está tratando de conocer la situación en que se encuentra el impulso de este convenio por parte del Ministerio del Interior, sin recibir ninguna información al respecto. Lo único que se conoce en referencia a este proyecto de viviendas es que en el mes de abril el Gobierno confirmó que «el uso proyectado para ese solar», en relación al solar contiguo a la Comisaría de Policía, «sigue siendo el de una instalación que permita facilitar el acceso a la vivienda a los agentes de Policía Nacional destinados en la isla, para paliar las dificultades que tienen para encontrar vivienda».
El diputado del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Jerez, viene realizando sistemáticamente preguntas parlamentarias al Gobierno para conocer los avances que se han llevado a cabo tras la firma de este protocolo. Tras más de 10 preguntas en los últimos dos años, sólo ha logrado conseguir dos respuestas estándar por parte del Ejecutivo. En la primera de ellas se hace un repaso de los pasos dados por el Ministerio tras la firma del protocolo en febrero de 2019 y las dificultades que encontró a la hora de recabar información del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI).
La segunda de las respuestas estandarizadas facilitadas por el Gobierno señala únicamente que el organismo autónomo Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento para la Seguridad del Estado (GIESE), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior «está en contacto con el IBAVI para elevar el citado Protocolo General a Convenio, tratando las cuestiones técnicas para abordar las actuaciones urbanísticas que el mismo conlleva».
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