El Consell d'Eivissa todavía no ha recibido ninguna comunicación por parte del Govern balear en relación con su propuesta legislativa aprobada en pleno y remitida a la máxima institución autonómica para tratar de acabar con las fiestas ilegales. Así lo aseguró ayer en el programa Bona Nit Pitiüses de la Televisió d'Eivissa i Formentera (TEF) el vicepresidente insular, Mariano Juan, quien destacó que, «aunque no podemos aprobar leyes, sí que tenemos el músculo, después de hablar con las policías locales y con los ayuntamientos, para hacer esta propuesta legislativa».
En este sentido, aseguró tener «la esperanza» de que el Ejecutivo autonómico «deje los sesgos políticos de lado, analice esta propuesta y, si considera que hay que hacer alguna modificación, que la propongan que la pactaremos sin ningún problema». «Al fin y al cabo», recordó Juan, «el Govern balear es quien gobierna, el que legisla y el que tiene el poder de hacer las normas que considere oportunas». Insistió, además, en que «los gobiernos tenemos que ser valientes para solucionar este problema».
Vila y Sant Josep
El vicepresidente del Consell también se mostró sorprendido por la «necesidad» manifestada por los ayuntamientos de Vila y Sant Josep de que se les explique más en profundidad algunas de las propuestas que incluye el texto legislativo. «Explicado está», recordó, «porque a lo largo del año pasado hubo infinidad de reuniones tanto con los concejales como con los policías. Explicado está por activa y por pasiva y no por los políticos sino por el propio redactor de esta propuesta de norma, que es el jefe de los servicios jurídicos del Consell d'Eivissa».
Aunque reconoció que lo propuesto en la modificación legislativa pueda ser algo complicado de ejecutar e implique dudas, insistió en que lo que se está proponiendo «no es ninguna barbaridad» y, de hecho, «ya está recogido en algunas sentencias», como la que ratificaba una multa de 15.000 euros por un evento celebrado en Santa Gertrudis, cuyos promotores alegaban que era un evento privado «cuando se demostró que era de libre concurrencia». Además, señaló que hay otras sentencias en primera instancia que reconocen que «una vivienda, por muy vivienda que sea, si está cobrando entrada para acceder deja de ser una vivienda, es un negocio, por lo que no hay inviolabilidad del domicilio y la policía puede entrar al ser un establecimiento público».
Mariano Juan reconoció a su vez que si esta problemática de las fiestas ilegales se hubiera producido en Mallorca «ya se habría legislado sobre el asunto. Tengo la esperanza de que, ya que esta propuesta que ha hecho el Consell ha conseguido la unanimidad de la patronal, el Govern se la tome en serio y deje de lado el tema de que seamos otra isla». Y es que, a su entender, aunque el auge de estas fiestas ilegales se haya producido en Ibiza, «si no se hace nada, esta industria acabará extendiéndose masivamente por todas las islas».
En cuanto a la críticas vertidas por la oposición insular alegando que el Consell tiene suficientes herramientas para luchar contra este tipo de eventos, Juan recordó que «la ley es muy clara, y dice que la lucha contra las actividades ilegales» es competencia exclusiva de los ayuntamientos. «Otra cosa es que estas fiestas ilegales se celebren en alguna vivienda turística y aquí sí que tenemos competencias», subrayó. Para ello, proponen en la reforma de la ley que si un propietario de vivienda turística está permitiendo este tipo de fiestas se dé automáticamente de baja esta vivienda y se le impida volver a ser explotada nunca más como tal. De cualquier forma recordó que sólo el 10% de las fiestas ilegales se produce en este tipo de viviendas.
Reforma del PTI
Por otra parte, el vicepresidente insular reconoció que desde el departamento de Territorio, bajo su competencia, se sigue trabajando en la reforma del Plan Territorial Insular (PTI). Unas reforma que, según las demandas ciudadanas que han detectado en los últimos tres años, se centra básicamente «en la segregación de fincas y en la limitación de la artesanía y del producto local».
Mariano Juan destacó que «no tiene ningún sentido que dos hermanos no se puedan repartir una finca o que un tío no le pueda comprar un trozo de finca a un sobrino», algo que actualmente está prohibido a raíz de la última reforma del Plan Territorial Insular que se llevo a cabo en la pasada legislatura. «No hablamos de especulación», insistió el vicepresidente insular, «hablamos de que las fincas queden dentro de las familias» y no tengan que ser vendidas en su totalidad en caso de necesidad, tal y como sucede en la actualidad.
Mariano Juan confía en que el Gobierno recule y firme un nuevo convenio viario
El vicepresidente del Consell d'Eivissa, Mariano Juan, manifestó ayer en el programa Bona Nit Pitiüses de la TEF su esperanza de que el Gobierno central finalmente recule y firme con las máximas instituciones de las islas los diferentes convenios de carreteras «como se ha venido haciendo desde hace años independientemente de quién gobernara».
Aunque reconoció que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «nos está dando largas» y que «se nos está dejando meridianamente claro que finalmente no va a haber convenios», en la última reunión mantenida con el Ministerio de Fomento «se nos ha reconocido por fin la deuda de 16 millones de euros que tienen con nosotros» por trabajos ya realizados y justificados, «y que espero que paguen pronto porqwue si no iremos a pleito y seguro que ganaremos», recalcó Mariano Juan.
Asimismo, recordó que gracias al último convenio de carreteras se invirtieron 50 millones de euros en 10 años en Ibiza «y gracias a ellos se han hecho las grandes inversiones en carreteras que hemos visto en esta última década, sobre todo en los últimos años».
Pese a la negativa a firmar por el momento un nuevo acuerdo viario, Juan reconoció que desde el Consell se sigue trabajando. «Tenemos el primer cinturón de ronda proyectado, una rotonda también proyectada en Sant Josep, nos va a entrar el proyecto de la reforma de la carretera de Sant Josep a Sant Antoni» entre otros muchos proyectos, recordó Mariano Juan.