Un total de 15 familias de los desalojados de los apartamentos Don Pepe han solicitado ya las ayudas económicas del Consell d'Eivissa que se tramitan a través del departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sant Josep. Así lo confirmó este sábado la portavoz de los afectados, Silvia Hernández, quien también recordó que los propietarios siguen a la espera de las ayudas para el alquiler comprometidas por el Govern de la socialista Francina Armengol y de las que «aún no se sabe nada».
Sant Josep está ya tramitando la concesión de estas ayudas que oscilan entre los 10.000 y los 2.500 euros. Los propietarios residentes o sus familiares directos podrán solicitar las ayudas más cuantiosas, mientras que los no residentes recibirán 5.000 euros. Quienes estuvieran de alquiler, tendrán acceso a un total de 2.500 euros. Además, quienes tengan hijos menores de edad o discapacitados o dependientes a su cargo podrán recibir un plus de 1.000 euros.
Las ayudas, según figura en la convocatoria publicada por el Consistorio josepí a finales de febrero, tienen como objetivo «dar apoyo a la situación de necesidad en la que han pasado a encontrarse las personas afectadas» por el desalojo de uno de los bloques del complejo de los apartamentos Don Pepe. Se trata de «evitar que pasen una situación de vulnerabilidad». Así, los afectados podrán pedir este dinero para «necesidades propias de manutención, vestido, las derivadas del uso del hogar y todas las que tienen que ver con la integración escolar, laboral y en la comunidad».
El dinero procede de la partida consignada por el Consell d'Eivissa en el Ayuntamiento de Sant Josep el pasado 31 de diciembre. El presupuesto es de 500.000 euros y los beneficiarios de las ayudas deberán justificar mediante facturas los gastos cuya subvención piden a la Administración.
La convocatoria establece, además, que quienes tengan más de un apartamento solo podrán acogerse a una ayuda. Los inquilinos tendrán que «justificar que residían en la vivienda un mínimo de seis meses antes del desalojo». Y la condición de residente en el edificio «se verificará con certificado de empadronamiento o actas extendidas por la Policía Local».
La portavoz de los afectados, Silvia Hernández, explicó que este dinero servirá fundamentalmente «para cubrir gastos provocados por el desalojo». Ahora, lo que urge a los afectados es que el Govern agilice la tramitación de las ayudas para el alquiler. «Nos dijeron», recordó Hernández, «que sería una partida de 300.000 euros pero no sabemos nada. Y la estancia en los apartamentos Bonsol acaba el día 31 de este mes».
el SUFRIMIENTO acabará PRONTO.