El Govern publicó este lunes el decreto que da luz verde a la creación de la comisión que tendrá que tomar las decisiones sobre el futuro de los propietarios de los apartamentos Don Pepe. Participarán en la misma representantes de la Conselleria de Vivienda, del Consell d'Eivissa, del Ayuntamiento de Sant Josep y de los propios afectados, según explicó en rueda de prensa el conseller Josep Marí Ribas Agustinet.
La comisión tendrá dos objetivos fundamentales: la «solución habitacional urbana» para los desalojados del complejo de apartamentos y «la recuperación ambiental de es Codolar».
Derribar estos dos edificios, compensar a sus propietarios con nuevos inmuebles y devolver la zona a su estado original es, en palabras de Marí Ribas, «una operación inédita» en Baleares que, además, tendrá que dar solución a «un problema muy específico». Tanto las tres administraciones como los afectados consideran, según señaló el conseller, que la fórmula de la comisión de seguimiento es «muy adecuada» porque permitirá «aunar esfuerzos».
Recalificación
Junto a esta comisión trabajará otra de tipo técnico, que se encargará de lo que ha de ser el proyecto de construcción de los nuevos inmuebles en los que se reubicará a los desalojados de los Don Pepe. Inmuebles cuya ubicación se desconoce, aunque, según explicó el alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, el Consistorio ya está «negociando» para conseguir un solar. Este solar tendrá que ser «recalificado» y esta operación deberá recibir el visto bueno del Consell, que estudia en estos momentos si lo hará por la vía ordinaria o si, por el contrario, buscará una fórmula más rápida como la inclusión de esta recalificación en la aprobación de las nuevas normas transitorias del municipio, que tendrá lugar en breve, según señaló, por su parte, el vicepresidente insular, Mariano Juan.
En estos momentos, por otro lado, el Govern busca el acuerdo de todos los propietarios de los Don Pepe. Y es que, si no existe unanimidad, no podrá salir adelante el proyecto de la permuta. Marí Ribas admitió que será necesario «poner en un papel un protocolo de intenciones» que sirva para responder a las dudas de los propietarios que aún no han aceptado el intercambio. El abogado de este colectivo, Joan Nadal, indicó que «la gran mayoría está de acuerdo con las líneas que se han fijado». Pero también reconoció que «con el decreto y la comisión se podrá avanzar». No obstante, dejó claro que «hay situaciones particulares de vecinos, como los que no viven aquí o los que tienen una situación familiar determinada», que han provocado que aún no se haya llegado a la unanimidad necesaria.
Sin cifras ni plazos
Marí Ribas, finalmente, no pudo ofrecer ningún avance ni de cifras ni de plazos. En este sentido, el conseller balear de Vivienda señaló que, en lo que al coste de este proyecto se refiere, «habrá que verlo cuando estén los proyectos redactados». «Hay que ver», añadió, «la valoración de los edificios y la valoración ambiental de la zona». Aclaró, eso sí, que el Govern se hará cargo de la redacción de los proyectos mientras que el Ayuntamiento de Sant Josep correrá con los gastos de compra del nuevo terreno y la construcción de los edificios.
El apunte
Guerrero asegura que «es la única solución»
El alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, indicó, por su parte, que el Consistorio ya está tramitando las ayudas del Consell d’Eivissa para los afectados, tal y como ya publicó Periódico de Ibiza y Formentera este pasado fin de semana. Añadió que el dinero comprometido por el Govern para el pago de alquileres «llegará pronto» y se refirió a la comisión de seguimiento como «un gran paso»para dar solución a «un problema que afecta a todas las administraciones». «Se está aplicando la hoja de ruta», señaló.
Guerrero afirmó que ahora queda «convencer a los propietarios» de los apartamentos de que la permuta ideada por el Govern es «la única solución» y la que permitirá «resolver el problema definitivamente”».
El apunte
Mariano Juan: «Una condición necesaria pero insuficiente»
Gisela RevellesEl vicepresidente del Consell d’Eivissa, Mariano Juan, subrayó ayer que la institución apoyará a los vecinos en todo lo que sea necesario. Afirmó que el Consell «está implicado al 100% en la búsqueda de soluciones». Y, aunque se mostró satisfecho por la creación de la nueva comisión, manifestó que «es una condición necesaria pero insuficiente».
Juan recordó que la institución ya ha aportado 500.000 euros para ayudar a los desalojados y aseguró que «si hace falta más dinero, se pondrá». El conseller señaló que, además, a estas ayudas deben sumarse las comprometidas por el Govern para el alquiler, que suman 300.000 euros y de las que aún nada se sabe.
Mariano Juan, finalmente, aclaró que la gestión urbanística de este proyecto será «la más complicada». Y puso como ejemplo el hecho de que la recalificación de los terrenos dependerá de informes que han de emitir diferentes departamentos del Govern. «El Consell», recordó, «puso sobre la mesa desde el primer momento diversas soluciones, como la rehabilitación pero también esta de trasladar la edificabilidad de estos edificios a otros lugares». Una alternativa que, añadió, conlleva «una tramitación compleja» porque se trata de «crecer en suelo urbano». Sin embargo, Juan dejó claro que «si los vecinos están de acuerdo», la institución insular también lo estará.