Ni Ibiza ni Menorca cuentan en estos momentos con juzgados especializados en Familia. La denuncia la formularon ayer los representantes de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEFA) y de la Sociedad Catalana de Abogados de Familia (SCAF), que participan hasta hoy en el primer Congreso de Derecho de Familia que se celebra desde ayer y hasta hoy viernes en el Hotel Torre del Mar. Junto a ellos se encontraba la letrada ibicenca y organizadora del congreso, Fanny Cardona, quien aseguró que esta falta de juzgados especializados provoca que algo tan fundamental como las medidas provisionales sobre los hijos en caso de separación y divorcio puedan tardar en emitirse en Ibiza más de un año y medio. Y eso que el derecho de familia, tal y como recordó el vicepresidente del Consell, Mariano Juan, es «fundamental» para la sociedad.
Una sola jueza atendió en Ibiza en 2021 más de 800 casos relacionados con el derecho de familia, «sin contar los trámites relacionados con violencia de género», que también dependen de ella. «Hay que luchar por este juzgado», insistió Cardona, que también denunció la falta de equipos psicosociales, necesarios para ayudar a los jueces a determinar asuntos como las custodias. En Ibiza solo hay un equipo y debe atender con prioridad los casos de violencia de género. De ahí que cuando hace falta que emitan informes en casos relacionados con familia, los plazos se alarguen de forma notable. Incluso, denunció la abogada, «devuelven las peticiones a los juzgados porque hay asuntos que son más prioritarios».
«Hace falta una solución rápida», señaló aunque también admitió que una posibilidad sería externalizar este servicio. Sin embargo, recordó, «más del 80% de los asuntos de familia se litigan por vía de justicia gratuita». Por lo que no sería fácil que los litigantes aceptaran pagar estos informes.
Otra de las situaciones que dificulta enormemente el trabajo de los abogados de familia en Ibiza es la población flotante. En este sentido, Cardona explicó que, en numerosas ocasiones, los abogados se encuentran con que «cuando has de hacer una notificación o un emplazamiento, la persona ya no vive en la isla». Algo que también ralentiza los procesos judiciales.
A las denuncias de Cardona se sumaron los representantes de AEFA y SCAF. La presidenta de AEFA, Dolores Lozano, mostró su preocupación porque la falta de juzgados de familia en España supone «una discriminación del ciudadano en función del lugar donde reside». Y es que «más del 53% de la población no tiene acceso a un juzgado de familia». Esto tiene como consecuencia que haya «dos justicias, una de primera calidad calidad y primera velocidad y otra de segunda calidad y segunda velocidad».
De un modo similar se pronunció el vicepresidente de SCAF, Ramón Quintano, quien recordó que la Ley de Infancia aprobada en junio 2021 obliga a la creación de estos juzgados en el plazo de un año.