La Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas de Sant Josep exigió ayer al Consell d´Eivissa «soluciones efectivas» para muchas de las familias afectadas por modificaciones normativas introducidas en el Plan Territorial Insular y que complican la gestión de sus terrenos.
El presidente de la asociación, Pep Tur Vergeró, solicitó que «se tenga en consideración a las familias ibicencas» y lamentó que «cada vez se nos recortan más» las posibilidades de segregar fincas para construir viviendas familiares.
«Nos gustaría que se buscaran soluciones, posibilidades. La legislatura pasada tuvimos unas restricciones muy fuertes y nos aseguraron que las eliminarían y no se ha hecho nada. No han cumplido su promesa; solo una pequeña modificación para dejarnos segregar, pero no es una solución. Nosotros no queremos chalets para alquilar, queremos casas para vivir», reclamó el colectivo.
Según el presidente, a mucha gente no le sirve para nada poseer grandes extensiones de terreno y, ante las dificultades que surgen para mantener sus propiedades, venden en cuanto reciben una buena oferta. Tur recordó que, solo en Sant Josep, el 50% del territorio es zona ANEI (Área Natural de Especial Interés), por lo que «no se puede hacer nada».
La Asociación de Propietarios ha elaborado ya las modificaciones que van a plantear al futuro Plan Territorial de Ibiza. Para ellos, conseguir que no sea necesario proceder a la legalización o demolición de edificaciones ejecutadas sin licencia en fincas que van a ser segregadas, sería «una solución al gran problema burocrático que tenemos en la isla». «Muchas casas se han quedado fuera de ordenación por la gran cantidad de modificaciones en las normativas. Hay que buscar una solución a muchas viviendas que hay en Ibiza», insistió Tur.
En un reciente comunicado de la asociación, los propietarios explicaban cómo las nuevas generaciones sufren dificultades «cada vez más intensas» para proceder al reparto de fincas heredadas. En muchos casos deben abonar incluso el pago de legítimas a otros familiares, lo que dificulta su situación todavía más. Al estar las segregaciones «inevitablemente sujetas» a trabas administrativas, los propietarios solicitan, entre otras cosas, la posibilidad de articular una legalización extraordinaria en casos de desvinculación y segregación de fincas por razón hereditaria.
Entre otras cuestiones, reclamarán así que el PTI incorpore la posibilidad de admitir el uso de vivienda de nueva construcción o ampliación donde se ha venido permitiendo de forma tradicional, siempre en caso de fincas heredadas o provenientes de divisiones por razón hereditaria, que supongan la residencia habitual y permanente del propietario y con limitaciones a su transmisión por un plazo determinado de tiempo.
Otro de los aspectos planteados por este colectivo es que pueda recuperarse el régimen anterior de los vallados de las fincas. En este sentido, recordaron que en la modificación de 2019 se introdujo una limitación en la altura de los cerramientos de fincas, pasando de los aproximadamente dos metros vigentes hasta ese momento a un máximo de un metro. Según la asociación, el régimen existente hasta la fecha era «suficientemente respetuoso» con el paisaje, mientras que con las nuevas alturas se crean nuevos problemas como la falta de seguridad de las viviendas en suelo rústico.