Ni el Ministerio de Interior ni la Conselleria balear de Vivienda, dirigida por el socialista Josep Marí Ribas Agustinet, han querido explicar a Periódico de Ibiza y Formentera en qué punto se encuentran las negociaciones sobre el futuro del solar de la antigua comisaría de Ibiza. Un espacio en el que estas administraciones, junto con el Consell d'Eivissa y el Ayuntamiento de Ibiza, acordaron en 2019 construir 120 viviendas de protección oficial. Para este proyecto se firmó un protocolo que caduca el próximo 27 de febrero y todo indica que, de momento, no se rubricará ningún convenio que convierta el compromiso en una obligación.
Fuentes del Ministerio de Interior han señalado que «no hay ninguna novedad al respecto» y no han querido aclarar si la intención es dejar caducar el protocolo. Las mismas fuentes indicaron el pasado mes de diciembre a este rotativo que estaban «negociando» con la conselleria que dirige el ibicenco Marí Ribas Agustinet. El conseller, por su parte, se mostró sorprendido cuando este periódico le consultó al respecto, dando a entender que no sabía nada de dicha negociación. La consellería ahora tampoco ha querido responder a las preguntas de este diario y se ha limitado a indicar que informarán «cuando haya alguna novedad».
Sea como sea, lo cierto es que falta un mes para que el protocolo caduque. Y, aunque en el documento se indica que es posible renovarlo cuatro años más, resulta difícil de entender que el proyecto no haya salido adelante, considerando las dificultades que tiene Interior para completar sus plantillas en Ibiza precisamente por la falta de vivienda a precio asequible. Y es que este acuerdo contemplaba que parte de esas 120 viviendas serían destinadas a personal de este ministerio en la isla. Otras pasarían a ser propiedad del Ibavi, mientras que el Consell compraría un número no determinado de viviendas en función de sus necesidades y posibilidades presupuestarias, según consta en el documento, al que ha tenido acceso Periódico de Ibiza y Formentera.
Preguntas sin respuesta
Desde 2020 hasta hoy, el diputado del PP en el Congreso Miquel Jerez ha preguntado al Ministerio de Interior hasta en ocho ocasiones sobre esta cuestión. Llama especialmente la atención la primera respuesta ofrecida por Interior a su cuestionamiento. Y es que, según el ministerio, el 12 julio de 2019 remitió al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) la «memoria justificativa de necesidades al objeto de iniciar, en su caso, la redacción del convenio» que debía dar seguridad al proyecto. El 15 de octubre, tres meses más tarde, ante la falta de respuesta del Ibavi, interior reiteró por escrito «la disposición de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado a iniciar los contactos para alcanzar los objetivos del protocolo general firmado». El Ibavi tampoco respondió. Y es ya el 20 de diciembre de aquel año cuando el ministerio acaba dirigiéndose «por escrito» a la Conselleria de Vivienda, «con el fin de impulsar las actuaciones». En el momento en el que Interior redactó esta respuesta, el 2 de abril de 2020, no había tenido «contestación alguna» por parte de la conselleria, dirigida entonces por el socialista Marc Pons, actual comisionado de impulso de Energías Sostenibles del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
A lo largo de los últimos meses, Marí Ribas ha dado dos excusas para justificar el retraso en el proyecto. Por un lado, el conseller ha asegurado en varias ocasiones que el ministerio ha cambiado de criterio y que ahora apuesta por la construcción de una residencia. Este edificio, según contempla el protocolo, debería ser financiado íntegramente por el Ibavi. Marí Ribas, además, ha culpado al Consell d'Eivissa de no adelantar el dinero para la adquisición de las viviendas. Una excusa que el Consell ha rechazado escudándose en el mismo protocolo, que fija que esta institución se compromete a «adquirir parte de las viviendas de protección pública construidas por el Ibav» para «su incorporación a su patrimonio en función de sus disponibilidades presupuestarias».
Falta de coraje
Para el diputado del PP Miquel Jerez, tanto Marí Ribas como Interior son responsables del fracaso. «A Agustinet», afirmó, «le ha faltado coraje y decisión para imponerse al ministro [Fernando Grande Marlaska]». «La parcela», según añadió, «debería estar ya cedida al Ibavi y las viviendas proyectadas. Cuatro años después, nada de esto ha sucedido. Agustinet ha sido demasiado tibio y con tibiezas no se llega a ninguna parte y mucho menos a la presidencia del Consell».
Jerez recordó que este proyecto podría haber sido «extraordinario». «Sin embargo, ha acabado siendo la gran mentira de esta legislatura», lamentó el diputado ibicenco, «la parcela sigue teniendo unas magníficas posibilidades y los socialistas van a ser capaces de arruinar una buena idea». Jerez tiene claro que la intención de Interior y del Govern es «dejar vencer el protocolo». Y ha señalado que «si no sirven para llevar esto adelante, tampoco sirven para gobernar». Jerez recordó que el acuerdo inicial para este proyecto fue adoptado por cuatro administraciones gobernadas en aquel momento por el PSOE. Y ha subrayado que ahora, «quienes tienen la capacidad de resolver este incumplimiento, el Govern y el Ministerio de Interior, siguen siendo los socialistas de entonces». «Aun así», concluyó de forma irónica, «tendrán la valentía de decir que la culpa es de los demás».