Dos años y medio de prisión, tres años de inhabilitación especial para la profesión de promotor y 24.000 euros de multa (20 meses con una cuota diaria de 40 euros). Es la pena que solicita el Ministerio Fiscal para Francisca Sánchez Ordóñez, más conocida como Paquita Marsan, por las obras realizadas sin licencia en la propiedad conocida como ‘Casa Lola'.
En concepto de responsabilidad civil la Fiscalía reclama la demolición de todas las edificaciones alzadas de forma ilegal y la reposición del terreno a su situación originaria, abonando los gastos generados bajo la supervisión, control y conformidad de los técnicos del Ayuntamiento de Sant Josep y de la Conselleria de Medi Ambient del Govern balear.
Según recoge el escrito de acusación, Francisca Sánchez, actuando como representante legal de Inversiones Hoteleras Faro S.L., realizó en 2012 una serie de obras sin licencia en unos terrenos que tenían la consideración de suelo no urbanizable, especialmente protegido y forestal en el término municipal de Sant Josep.
El escrito del Ministerio Fiscal refleja la construcción de 8 volúmenes de planta baja con una superficie total de 342 m2; terrazas cubiertas con una superficie total al 100% de 342 m2; terrazas descubiertas con una superficie total de 414 m2; dos piscinas con una superficie de 84 m2 y 68 m2, respectivamente; una cisterna de construcción y la construcción de varios muros de cerramiento de la parcela y divisiones interiores mediante bloques prefabricados de hormigón y piedra natural.
La Fiscalía recuerda que un decreto del Ayuntamiento de Sant Josep de 3 de diciembre de 2012 acordó la suspensión de las obras, procediéndose al precinto de las mismas el 12 de febrero de 2013. «No obstante, la acusada, siendo plenamente consciente del mandato de paralización, continuó adelante con las obras rompiendo para ello el precinto en numerosas ocasiones, concretamente en las fechas de 18 de febrero, 19 de febrero, 6 de marzo, 28 de marzo, 30 de marzo, 1 de abril y 6 de mayo de 2013».
Más obras
Además, en una fecha indeterminada entre marzo y abril de 2013, «la acusada promovió la construcción de una terraza cubierta de 3x4 metros, pavimentación mediante ‘calzada portuguesa' de una superficie aproximada de 100 m2 alrededor de una de las piscinas, pavimentación en el acceso norte de la parcela, formación de jardines mediante aportación de áridos, construcción de volumen y una estructura de madera sobre la cisterna, una pérgola cubierta, una escalera en la zona del patio y cerramientos mediante tela metálica y cañizos con una longitud de 11 metros y dos metros de altura, sin contar con la perceptiva licencia municipal».
Ante estos hechos Sant Josep volvió a acordar el precinto de las obras, pero los acusados siguieron adelante con las obras, añade el escrito de acusación.
Además, entre los años 2013 y 2018 la promotora continuó realizando obras como una residencia de servicio y construcción de garajes, entre otras obras realizadas sin licencia e incumpliendo las órdenes de paralización.
A la espera de la resolución de esta causa, entre agosto y septiembre del pasado año el Ayuntamiento de Sant Josep ya demolió el grueso de las obras tras obtener una resolución judicial de entrada en la propiedad para restaurar la legalidad urbanística vulnerada.