El delegado en Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Baleares, Jeffrey Fernández (Londres, 1967), tiene muy claro que uno de los pilares para la solución del grave problema de vivienda que afecta a estas islas es el de la construcción de más pisos de protección oficial para el alquiler. Una medida que, asegura, contribuiría a «equilibrar los precios». Pero, además, considera que la Administración no puede seguir perdiendo el tiempo y ha de adquirir viviendas de grandes tenedores para ponerlas también en el mercado. Fernández se opone a ampliar la superficie construida de Ibiza y defiende que debe calcularse ya cuántos turistas pueden venir cada año a las islas.
—Se alquila de cara a la próxima temporada una cama en una litera por 350 euros al mes. ¿Hemos tocado fondo?
—Siempre parece que hemos tocado fondo y, al final, aparecen precios más caros. Nunca podemos decir que se ha tocado fondo.
—También se alquila por 3.000 euros mensuales un piso en un edificio construido por el Ayuntamiento de Ibiza con dinero público, el de Juan XXIII. ¿Es un ejemplo del descontrol de la Administración del mercado de alquiler?
—Habría que ver si es un piso de la parte de VPO o no. Si es VPO, por supuesto que hay falta de control y supervisión por parte de la Administración de que no se dedique estos pisos a vivienda habitual de la persona que se le concede la ayuda. Si es de un particular, no hay ningún descontrol porque cada uno puede alquilar como considere y sacando el mayor rendimiento.
—¿Se alquilan VPO?
—Sí, ha pasado durante muchísimo tiempo. No se debería poder hacer. Pero es cierto que se hacía con viviendas de protección oficial. Esto es fácil de solucionar porque es la Administración la que debe controlar que las personas que están dentro de esas viviendas son las que tienen que estar. En Formentera, hubo una batida en un edificio hace unos años pero, si esto no se hace con continuidad, estaremos siempre en la misma situación.
—¿Conoce algún otro sitio donde el desmadre inmobilario sea como el de Ibiza?
—Sí, muchísimos. Todos los sitios donde el mercado está tensionado. Está igual en los centros de ciudades como Valencia, Madrid y Barcelona. En cuanto una zona tiene atractivo turístico, se tensiona y acaba expulsando a los residentes.
—Aquí al menos no te ofrecen pisos en alquiler para reformar para, después de reformados, cobrártelos a precio de oro.
—La casuística es infinita. Tú puedes acordar con el propietario todo lo que consideres oportuno. Un periodo de carencia a cambio de que reformes tú el piso. Pero siempre hay que mira qué plazo tienes para que te salga a cuenta hacer la reforma. Lo importante es tener un buen contrato, bien redactado y en el que se prevean los problemas que te puedes encontrar.
—¿Sirve para algo topar los precios del alquiler?
—No porque es muy difícil de valorar que precio tiene que tener un inmueble para alquilarlo. En los sitios donde se ha hecho esto no ha funcionado. Solo ha servido para que todo pase a alquilarse en modo turístico, sin límite de precios. No es la solución práctica y así lo ha demostrado la experiencia.
—¿Y prohibir la venta de viviendas a extranjeros como pretende el Govern?
—No creo que sea la solución. Esto es una parte del problema pero no es el único problema. Nos encontramos en esta situación porque la Administración no ha hecho los deberes en vivienda pública para marcar los precios y así poder competir y que la gente que lo necesite tenga el problema solucionado. Hay mucha gente que lo necesita y para esta no se han hecho los deberes. Ahora se quiere hacer pero se tardará unos años. Pretenden criminalizar y buscar enemigos o causantes pero esta situación se veía venir desde hace mucho tiempo. Los precios han ido subiendo en los últimos ocho años y venían con fórmulas mágicas para solucionar el problema pero esto ha ido a peor. Además, impedir comprar los extranjeros es bastante complicado porque estamos en una situación de libre mercado. Y, en caso de que se hiciera, no se puede llevar a cabo matando moscas a cañonazos en el sentido de que se le prohiba a cualquier extranjero. Hay muchos extranjeros que, si esto sale adelante, se tendrían que ir porque no tendrían trabajo. La parte del PIB de Baleares que se mueve gracias al mercado inmobiliario de lujo desaparecería. El Colegio de APIs, si esto se llega a hacer, lo que plantea es que afecte solo a los inmuebles que están afectados por la tensión. Es decir, inmuebles de 300.000 o 400.000 euros en Mallorca y hasta 500.000 o 600.000 en Ibiza y Formentera. ¡Ojalá el mercado en Baleares estuviera tensionado para las casas de más de un millón de euros! Son casas que no preocupan en nada a la gente que está buscando una vivienda.
—¿Sería una posible solución al problema la construcción de residencias para trabajadores de temporada?
—Si se hace bien, sería una solución. Pero insisto, si haces vivienda de protección oficial y lo haces bien, tienes una solución. Ha de haber vivienda pública para atender estas necesidades en los momentos que se dan. Si se hubiera hecho antes, no estaríamos hablando de estos problemas, que no dejarían de ser cuestiones anecdóticas.
—Un estudio de Ibiza Preservation dice que solo está urbanizado un 8% de la isla. ¿Debería liberalizarse suelo para acabar con este problema tan grave de falta de vivienda?
—El problema no se soluciona construyendo más. Puedes edificar toda la isla y seguirá queriendo venir gente. Si urbanizas hasta un 20%, habrá un 10% más que querrá venir. Al final, no habrá manera ni de andar por la calle. No se trata de construir más para que venga más gente.
—Pero yo no le hablo de que vengan más turistas.
—Igual lo que hay que hacer es un debate para decidir cuántos turistas queremos y cuántos residentes cabemos. Cuando sepamos eso y tengamos claro lo que queremos, podremos decidir cuánta isla consumir. Hasta que no lo decidamos, la espiral irá aumentando y, en lugar de una carretera de Sant Antoni con cuatro carriles, tendremos que poner ocho. Cosas que no encajan con el espíritu de Ibiza.
—El debate sobre la masificación está sobre la mesa.
—Sí, hay que hablar de ello. Cuanta más gente aceptas, más servicios tienes que dar, más infraestructuras tienes que crear y, al final, la calidad de vida en Ibiza la estamos perdiendo. Se está haciendo un mal planteamiento.
—Para usted, por lo que veo, la vivienda de protección oficial es fundamental para equilibrar los precios. ¿Qué porcentaje de vivienda protegida debería tener el parque inmobiliario de Ibiza?
—Hay que analizar cuántas viviendas se demandan. Unos dicen que 9.000 y otros hablan de 20.000. No hay una cifra concreta pero la Administración tiene que tomar medidas. Por ejemplo, en lugar de expropiar inmuebles a los fondos de inversión por tenerlos dos años cerrados, podrían plantearse comprarlos. Si los hubieran comprado, ya estarían habitados porque ya los habrían vendido. Pero los han tenido otros dos años cerrados. A un fondo de inversión eso le lleva un tiempo, sacar a okupas, reformarlo… Pero, además, solo se habla de grandes tenedores y hay otros propietarios que tienen un solo inmueble y también lleva dos años cerrado. ¿Por qué no se le aplica la misma medida que al gran tenedor para solucionar el problema?
—Se suele hablar del gran tenedor y al pequeño propietario se le defiende pero la realidad es que, si vas sumando, te llevas sorpresas.
—Sí, es cierto. Pero es más popular decir que vas a atacar a un fondo de inversión que decir que vas a tomar medidas contra los que te van a votar. Influye más la ideología que el querer solucionar el problema. Y, ante una situación tan grave como la que tenemos, las ideologías tendrían que estar totalmente apartadas.
—En teoría, el PSOE apuesta por la vivienda protegida, tanto desde el Govern como desde el Ayuntamiento de Ibiza. Pero el balance de las dos últimas legislaturas en este sentido es muy pobre. Solo se han entregado 87 pisos en alquiler.
—Hay muchas trabas burocráticas pero la solución es más sencilla: compra inmuebles porque hay en venta.
—¿Cómo ha afectado esta situación a las inmobiliarias? Da la sensación de que el negocio ya va por otros cauces.
—Es lo que ha pasado con los taxistas al llegar Uber y Cabify. Lo que antes era un sector con monopolio, ha cambiado. La tecnología permite otra forma de hacer las cosas. Nosotros damos un servicio, con una garantía y unos conocimientos. Pero hay clientes para todo. Hay unos que prefieren no pagar el porcentaje de la inmobiliaria y han de buscar el asesoramiento por su cuenta. Nosotros, como agentes inmobiliarios, damos asesoramiento jurídico y fiscal en todo lo que tiene que ver con este mercado. Los que somos buenos profesionales no tenemos problema. Pero el mercado está muy tensionado y la gente acaba viniendo a las agencias.
—¿En qué momento hemos asumido como normal que una simple cama en una habitación cueste 500 o 600 euros?
—Los agentes inmobiliarios no estamos en el alquiler de habitaciones. Se ha hecho toda la vida entre particulares. Pero la necesidad y la tensión del mercado han provocado que la gente tenga que optar por estas soluciones como medida habitual cuando debería ser lo excepcional. Es una consecuencia más del problema.
—¿Y qué se puede hacer?
—Lo de las viviendas de protección oficial es una solución pero no la única. Hay que intervenir en temas de fiscalidad, de control del alquiler turístico… Lo que no puede ser es que te cobren impuestos sin contraprestación. Ahora se ha subido el impuesto de transmisiones sobre la compra venta de viviendas. Hablamos de hasta un 12% para una vivienda de más de 2 millones. Es una barbaridad. Todo lo que sea subir impuestos y cargar sobre propietarios e inquilinos es una muestra de ineficacia de la Administración. Demuestran poca capacidad de gestión. Son medidas populistas para la foto y que no solucionan el problema.
—Pero la compra para un ciudadano con un sueldo medio es difícil.
—La de siempre, la verdad. A mí me gusta hablar tanto de Ibiza como Formentera. Las dos islas son atractivas con puntos de inversión segura. Aunque nos estamos cargando la seguridad jurídica con comentarios como lo de que no permitir la compra de viviendas a extranjeros, la situación sigue siendo segura porque estamos dentro de Europa. Debido a la falta de suelo, todo vale mucho y lo que hay puede valer más. Si hay una crisis, son sitios que tardan en reaccionar a la bajada y, si hay cierta alegría económica, responden muy rápido. Por lo tanto, es el sitio en el que la gente quiere invertir. La compra venta seguirá funcionando y el alquiler también. Económicamente, seguirá siendo un sitio atractivo.
—¿Cuál es su previsión para los próximos años?
—Y cada vez lo será más. Pero el mercado seguirá funcionando para ciertos sectores. Para los demás, habrá que ver. El Govern ha sacado este aval del 20% para la gente que no tenga ayuda y para pisos de hasta 270.000. Nosotros hemos estado analizando el mercado de viviendas en Ibiza y Formentera por esos precios y salen muy pocos pisos, no llegan a 20. Además, no han diferenciado entre cada isla y esa es nuestra gran crítica a esta medida. En Mallorca sí puedes encontrar por ese precio una vivienda de tres habitaciones. Pero aquí solo hay de un dormitorio. El tope máximo aquí tendría que haber sido de 350.000 o 400.000 euros. Es una medida que nace muerta. Mejor que cambien de asesores.