El 'caso Puertos' irrumpe en campaña. La jueza que instruye la causa, Martina Mora, ha decidido finalmente citar a declarar con la condición de investigado al alcalde de Eivissa, Rafael Ruiz, quien tendrá que comparecer en la causa el próximo 21 de junio.
La magistrada decidió hace un mes su comparecencia en el procedimiento pero planteó a las acusaciones que se pronunciaran si debía ser como testigo o como imputado. Entiende que debe hacerlo como investigado «en aras a garantizar sus derechos constitucionales de defensa». Además, añade que, de lo investigado, «se desprenden indicios de que su actuación puede no haberse limitado a un acompañamiento impune a la decisión presuntamente prevaricadora que se investiga».
La Fiscalía entiende que, por ahora, no existen indicios de delito y reclamó que solo fuera testigo. La acusación particular que ejerce la empresa Doce Millas, sin embargo, sostuvo que, dada la participación de Ruiz en la adjudicación del Club Naútico de Eivissa a través del consejo de administración de la Autoritat Portuària y ante las conversaciones intervenidas que mantuvo, entre otros con el presidente del organismo, Joan Gual de Torrella, debía hacerlo como imputado.
La magistrada entiende finalmente que Ruiz debe poder declarar con garantías procesales como investigado y, dado que tendrá que responder preguntas incriminatorias para él, no puede tener la obligación de decir la verdad que se le exige a un testigo. «La ponderación entre el gravamen social o mediático que puede representar el llamamiento de esta persona en calidad de investigado y el gravamen jurídico al derecho de defensa en caso de ser obligado a decir la verdad sobre hechos que podrían incriminarle debe resolverse a favor de este último».
Uno de los aspectos que quiere aclarar la investigación es si existieron «presiones políticas» para decantar la adjudicación del náutico y que la mantuviera el club histórico frente a las empresas privadas que aspiraban a su explotación. La posibilidad de que fuera la empresa quien ganara provocó una amplia movilización en Eivissa y distintas iniciativas políticas de PSIB y Partido Popular en el Senado y el Parlament en apoyo de la entidad. Ruiz será preguntado por estas supuestas presiones políticas. En las conversaciones y mensajes que constan en la causa constan gestiones en favor del club.
El alcalde de Vila ha compartido este jueves por la tarde un mensaje a través de su cuenta de Twitter en el que asegura que no tiene nada que ocultar. «En todo momento he defendido el interés general de la ciudad de Ibiza y un modelo de gestión social y deportivo en su puerto con criterio técnicos», ha concluido Ruiz.
En el concurso se introdujo un criterio para premiar el «arraigo» que más tarde fue anulado por el TSJIB. La magistrada entiende que esta fue la palanca que se empleó para torcer la adjudicación y condicionarla, algo que ha sido negado por todos los investigados en la causa, encabezados por Joan Gual y por todos los testigos que han declarado hasta ahora. Esta es una de las dos piezas que tiene levantado el secreto de sumario en la causa, en la que hay al menos otras siete abiertas desde hace tres años.
En la misma providencia, la magistrada cita también a José Llorca, expresidente de Puertos del Estado, como testigo. Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado y José Antonio Morillo Velarde del Peso, jefe de los servicios jurídicos de Puertos del Estado, también comparecerán como testigos.
Normal que dé explicaciones Jaume Negueruela pero cuidado que por la misma regla de tres podrían llamar a declarar a Marcos Pons