«Todavía no nos han echado a la calle y el nuevo propietario del bloque ya está alquilando nuestras viviendas para el próximo año. No hay derecho». Con este disgusto ha descrito este lunes la inquilina Emma Márquez la situación que están viviendo las familias de Santa Eulària alojadas en el bloque 1 de la calle del Sol. Una «situación de emergencia» que este lunes han denunciado en forma de protesta frente al inmueble. Todos estos afectados, entre ellos un recién nacido, varios menores, una mujer en diálisis y un hombre enfermo, están a punto de ser desahuciados debido a la compra de este edificio por un fondo inversor alemán cuyo objetivo es, según uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera, recurrir al alquiler de temporada por habitaciones.
«Esta práctica es mucho más rentable para estos fondos de inversión que el alquiler anual a las familias trabajadoras», ha explicado el portavoz Daniel Granda con indignación resaltando que este bloque alberga grandes viviendas que el nuevo propietario quiere subdividir en varios hogares. «La administradora de la finca nos comunicó que esta empresa alemana quiere reformar todo el edificio, pero esta remodelación se puede realizar sin echar a la gente de sus casas», ha puntualizado Daniel Granda y ha indicado que con la protesta de este lunes han iniciado la comunicación del conflicto para luchar por la defensa del derecho a la vivienda y conseguir la renovación de todos los contratos de alquiler.
Responsabilidad social
«Queremos sentarnos con los representantes de esta empresa alemana y negociar con ellos la permanencia de estas familias», ha explicado el portavoz del sindicato haciendo hincapié en que en este bloque viven inquilinos desde hace más de 30 años y no se quieren marchar de sus hogares. «Esta empresa tiene que asumir su responsabilidad social porque comprar un inmueble no es como adquirir un coche. De momento hemos enviado varios comunicados a Alemania y estamos esperando una respuesta», ha apuntado Daniel Granda con cierta esperanza de que esta empresa alemana, gran tenedora de inmuebles en Baleares, se habrá a negociar en las próximas semanas.
Cabe recordar que, según los vecinos, la primera fecha de desalojo para los inquilinos de la calle del Sol será en octubre de este año. Junto a él estaban varios de los inquilinos afectados por este fondo de inversión sosteniendo una extensa pancarta que denunciaba la situación y cómo la falta de vivienda social dejará sin alternativa de vivienda a todas estas familias. «Somos un ejemplo más del drama habitacional que sufre la isla desde hace tiempo. Pero no estamos dispuestos a ser desterrados y vamos a luchar por la renovación de nuestros contratos», ha señalado con preocupación la inquilina Eva Ferrer. Esta mujer lleva 16 años viviendo en una de estas viviendas junto a su hijo. «Tengo toda mi vida aquí. No nos queremos ir», ha señalado Eva al mismo tiempo que denunciaba que los anteriores propietarios no actuaron correctamente a la hora de renovar por última vez los contratos de alquiler de estos inquilinos.
«Nos engañaron porque cuando renovamos el contrato, ellos ya habían apalabrado la venta del inmueble. Si lo hubiéramos sabido, no hubiésemos ampliado el convenio», ha destacado esta vecina indignada. En este sentido, ha subrayado que tanto ella como su hijo tendrán que abandonar su hogar en febrero de 2024. «No nos vamos a rendir. Somos todos una piña y vamos a luchar para quedarnos», ha puntualizado mientras su vecina Marta Solans resaltaba que cuando les renovaron los últimos contratos los antiguos propietarios efectuaron una subida de más de 100 euros. En esta misma línea ha indicado que, aunque no dejarán de reclamar sus derechos, es una situación muy complicada porque el nuevo propietario quiere «exprimir la compra al máximo» y, para ello, dividirá cada piso para disponer de una oferta de viviendas más amplia. «Aquí el problema es que todo es estrictamente legal, todo depende del uso que le dé el nuevo propietario. Será entonces cuando las administraciones puedan actuar y poner una falta administrativa si no tienen licencia», ha subrayado Daniel Granda.
Por su parte, desde el Ayuntamiento de Santa Eulària han señalado a Periódico de Ibiza y Formentera que, aunque no tiene competencia en materia de vivienda, sí pondrán en marcha las medidas necesarias para ayudar a estas familias. Por un lado, han señalado, que si al final tienen lugar los desahucios solicitarán a los Servicios Sociales que atiendan a las familias haciendo hincapié en las personas más vulnerables. Por otro, revisarán las obras ya efectuadas por parte de la empresa alemana en los dos pisos que estaban vacíos antes de la compra. Y, además, estudiarán a través de los técnicos jurídicos si existe la posibilidad de forzar una negociación entre ambas partes para que los inquilinos puedan permanecer en sus hogares.