Juanjo Ferrer, candidato de Ibiza y Formentera al Senado, ha anunciado su compromiso con reformas institucionales que avancen en el reconocimiento de la realidad de los territorios que conformen el Estado y su descentralización. Entre los compromisos de la coalición, en cuanto a las reformas del modelo de Estado, está el «reconocimiento de la plurinacionalidad y el establecimiento de un nuevo sistema de financiamiento autonómico», que permita «una contribución equitativa de los gastos generales y una contribución solidaria a las otras comunidades autónomas».
«Todo lo contrario de lo que querrá hacer la derecha si gobierna, que está lanzando un discurso involutivo de recentralización, de retorno de competencias al Estado y, hasta de la eliminación de nuestras instituciones de autogobierno, como son la comunidad autónoma y los consells insulares».
El candidato progresista ha pedido el voto para Ibiza y Formentera al Senado como «gran movilización en defensa del autogobierno de nuestras islas».
La reivindicación «histórica» del senador propio para la isla de Formentera, modificando el artículo 69.3 de la Constitución. El candidato progresista también defenderá una reforma del Senado para que «sea una auténtica cámara territorial, que facilite el esfuerzo conjunto, la cooperación y la participación mutua en las decisiones de todos los territorios».
La coalición también se compromete a abordar, junto con el resto de fuerzas políticas, los acuerdos necesarios para la modificación de la Ley Electoral que reconozca la pluralidad del Estado español y favorezca una mayor representación de todas las fuerzas políticas, ha explicado Juanjo Ferrer.
Ibiza y Formentera al Senado también apuesta por «racionalizar la estructura española, especialmente la local», para que tengan «un sentido y una finalidad de adaptación al territorio y a las necesidades de la ciudadanía».
Finalmente, Juanjo Ferrer ha dicho que se compromete a dar apoyo a toda propuesta de ley de transparencia política y administrativa que incluya la creación de un registro público «donde consten los ingresos y patrimonio de los cargos públicos y altos funcionarios». Y también «impulsar la participación y el debate ciudadano», como medidas destacadas para profundizar en la democracia y la transparencia.