El Parlament ha aprobado este martes una moción del PSIB que pide, entre otras cuestiones, que el Govern legisle para poder precintar los pisos que se alquilan ilegalmente a turistas. Una petición sorprendente considerando que, durante la pasada legislatura, el Govern de la socialista Francina Armengol rechazó esta posibilidad cuando el Consell d'Eivissa, gobernado entonces y ahora por el popular Vicent Marí, la puso sobre la mesa.
En la moción, que ha sido defendida ante la Cámara autonómica por la socialista ibicenca Pilar Costa, el PSIB ha propuesto que se pida al Ejecutivo de la popular Marga Prohens «incorporar a la normativa turística fórmulas para poder precintar o perseguir los pisos turísticos ilegales o la actividad ilegal que en ellos se practique». En el texto, además, los socialistas han recordado que esta petición también la formula la máxima institución de Ibiza.
Fuentes del Consell d'Eivissa han celebrado la aprobación de este punto de la moción porque, han recordado, «ha sido el Govern de Marga Prohens el que ha atendido a una petición de la Oficina de Lucha contra el Intrusismo». Una respuesta que, han añadido, el Consell considera «absolutamente necesario para seguir avanzando en la lucha contra el alquiler de pisos ilegales». Las mismas fuentes han recordado que «la petición de medidas cautelares se realizó por primera vez por parte de este Consell en la legislatura 2019-2023» y que fue presentada por parte del PP durante el mismo periodo como una enmienda al decreto ley 8/2020. Ni la petición ni la enmienda «fueron aceptadas por los grupos progresistas que representaban a los partidos en el Govern balear».
«Ahora, en cambio, tras tres años de peticiones, se ha atenido por fin a una reclamación que, más allá de la posibilidad de precintar pisos turísticos, permitirá sobre todo tomar acciones inmediatas de cese de actividad a quienes incumplan la ley», han añadido las fuentes del Consell. Y han recordado que esto significa, entre otras cosas, que, en el caso de que los propietarios del piso mantengan su actividad ilegal, «incurrirán ya en un delito penal».
En la misma moción, el PSIB también ha planteado instar al Govern a «no permitir la actividad de alquiler turístico vacacional en suelo rústico». Un punto que ha sido aprobado, como también lo ha sido el relativo a «mantener la moratoria de cuatro años prevista en la ley 3/2022 en la totalidad de Baleares». La Cámara ha dado también el visto a otras propuestas socialistas incluidas en la moción como la «pactar» con todo el sector, incluidos los sindicatos, la política turística; cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la Agenda 2030; encargar un estudio sobre cargas en cocinas y «hacer campañas específicas para verificar la aplicación de los estudios de carga de camareras de piso que incluye la Ley Turística, el nuevo convenio colectivo y los acuerdos tripartidos entre Govern y agentes económicos y sociales».