Los taxistas de Ibiza acordaron ayer continuar vinculados a la Federación Independiente del Taxi de Baleares (Fitib) pese a las diferencias que mantienen el presidente de la entidad a nivel balear, Gabriel Moragues, quien no está conforme con el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para mantener la posibilidad de que las VTC de Ibiza puedan operar en otras islas del archipiélago.
Según explicó ayer el presidente de la Federación Insular del Taxi de la Isla de Ibiza (Fitie), Toni Riera, el sector acordó «seguir vinculados (a la Fitib) y mantener la representatividad» en el Consell Balear de Transportes Terrestres.
Riera reconoció que a pesar de «hay temas en los que no estamos de acuerdo» con lo que defiende la Federación Independiente del Taxi las Illes Balears (Fitib) presidida por Moragues, «estamos contentos con su trabajo».
En este sentido, Riera explicó que reinvidicarán poder acudir a reuniones en las que se traten cuestiones relacionadas con el futuro del taxi en Ibiza, entre ellas la de una área de prestación conjunta en toda la isla. Una propuesta reivindicada por el sector para mejora la calidad del servicio que se ofrece en Ibiza. «A nuestro entender ya se podría haber hecho. El Govern debería habilitar una ley y luego ya sería asunto de los ayuntamientos y del Consell», explicó Riera.
Por primera vez, los taxistas de Ibiza están de acuerdo en la necesidad de gestionar su sector a nivel insular y no municipal, como hasta ahora. Este funcionamiento provoca diferencias entre los taxistas en función de del ayuntamiento que haya otorgado las licencias. Además, existen otras diferencias como las fechas en las que entran en vigor las licencias estacionales.
La constitución de un área de prestación conjunta en Ibiza también provocaría una barrera para los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), ya que todos los trayectos pasarían a considerarse urbanos y no podría entrar VTC con la legislación actual.
Los taxistas de Ibiza también reclaman mejorar la orden de carga y descarga y la implantación de un régimen sancionador que impida, por ejemplo, que taxistas rechacen trayectos que no les son rentables.