Durante más de media hora, la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, ha estado defendiendo en la sesión plenaria de este jueves todos los beneficios económicos, sociales y culturales que supondrán para la isla la ampliación del Palacio de Congresos de Ibiza.
En varias ocasiones utilizó las palabras «rentabilidad», «impacto económico» y «creación de empleo» para justificar el coste final de esta segunda fase de la infraestructura, que alcanza los 33 millones de euros.
Especialmente se dirigía al concejal de Unidas Podemos, Álvaro de la Fuente, quien calificó esta obra de «innecesaria» y «faraónica». Motivos por los cuales De la Fuente votó en contra de la aprobación del Proyecto de Ejecución de la Segunda Fase del Palacio de Congresos tras la modificación de las bases, por parte de los arquitectos, para incluir las peticiones del sector MICE y la nueva planta de estacionamiento.
Salir adelante
No obstante, la propuesta salió adelante gracias a los votos a favor del Grupo Popular Municipal y Vox. En este sentido, Carmen Ferrer explicó que esta infraestructura no es sólo para Santa Eulària, sino que es una construcción insular destinada para toda la isla. Además, ha afirmado este jueves durante el pleno, antes de la votación, que si se han modificado las bases del proyecto ha sido para cubrir las necesidades de Ibiza y del sector privado.
«Es una palanca de desarrollo para impulsar una economía transversal, que será beneficiosa para todos», manifestó e indicó que esta ampliación es «imprescindible», pero, para que sea una realidad, primero es necesario consolidar la financiación aportada por el Govern balear y aprobar los pliegos de condiciones.
Al respecto, el concejal de Unidas Podemos denunció que las ayudas solicitadas por el Ejecutivo autonómico a través de los fondos Next Generation, en total 6,5 millones de euros, están «envenenadas». Además, señaló que el coste total de esta segunda fase –33 millones– es un gasto «obsceno».
«Santa Eulària tiene otras necesidades en materia educativa y sanitaria», señaló, haciendo referencia a la reforma del IES Quartó del Rei y la ampliación del centro de FP de can Marines. «Esta obra es más de lo mismo para que los mismos de siempre ganen más dinero», apuntó. Por su parte, desde el PSOE optaron por abstenerse en la votación, aunque sí lamentaron que es necesario consolidar toda la financiación del coste total porque actualmente «está en el aire».
En esta misma línea, el portavoz de la oposición, Ramón Roca, insistió en la falta de acuerdo entre todas las administraciones implicadas en la financiación: «El Govern balear aportará, a través de los fondos europeos, 6,5 millones, pero, tenemos dudas con el resto de las ayudas», señaló, recordando que el Ejecutivo autonómico anunció un «financiamiento adicional», sin embargo, «no hay ningún compromiso» y quedan 27 millones en el aire.
Además, también planteó otras dudas sobre el modelo de gestión que tendrá el Palacio de Congresos. «Si existe interés del sector privado habría que saber si se implicará económicamente», explicó, mientras resaltaba que el anterior Govern balear respaldó esta obra y espera que el nuevo Ejecutivo mantenga la financiación necesaria para que este proyecto «no acabe en Wallapop». En esta misma línea, Carmen Ferrer contestó a ambos concejales e indicó que se seguirá el mismo modelo de gestión que otros Palacios de Congresos como el de Palma y confirmó que este es un proyecto de transformación del modelo turístico, que contará con la implicación de todas las instituciones.
Beneficios
Afirmó que será bueno no sólo para la planta hotelera, sino para la restauración, el comercio y el resto de sectores relacionados con el turismo y, además, indicó que esta inversión no condicionará las partidas presupuestarias destinadas a educación y sanidad porque el presupuesto ya está cerrado.
También defendió la colaboración público–privada para cambiar el proyecto inicial de esta segunda fase de la infraestructura. «Esta ampliación es imprescindible para atraer al turismo de congresos y alargar la temporada», agregó Ferrer.
Sobre la financiación solicitada, subrayó que no fue el Ayuntamiento el que presentó el proyecto para recibir fondos europeos, sino que lo hizo el anterior Govern balear en la pasada legislatura, logrando estos 6,5 millones de euros. «Son ellos los que deben explicar por qué solicitaron estos fondos», manifestó. Asimismo, añadió que el Ejecutivo autonómico deberá aportar más dinero del que se había previsto inicialmente, cerca de los 20 millones.