La empresa Desokupa está viviendo en Ibiza uno de sus desalojos extrajudiciales más «complicados» y «surrealistas» hasta ahora. Así lo destacó ayer el fundador de la organización Daniel Esteve, quien señaló a Periódico de Ibiza y Formentera que la entidad continúa con el sistema de control de acceso instalado en la vivienda porque la presunta estafadora de alquileres en Ibiza, Alazne Rodrigo, sigue sin abandonar este inmueble pese a haber sido denunciada, según esta organización, por los delitos de coacción, estafa por el impago de la renta y alquiler turístico ilegal. «Nuestros trabajos de desokupación llegan hasta un punto y el de los agentes también», señalaron desde esta entidad, destacando que ahora es la Justicia la que debe dar un «golpe sobre la mesa» y aplicar un «escarmiento público legal» para esta mujer.
En este sentido, Esteve explicó ayer que Beatriz, la propietaria de la vivienda, presentó una denuncia ante la Guardia Civil por dicha «coacción que impide el acceso al domicilio del otro inquilino que compartía piso con esta mujer». «La Justicia es la que debe trasmitir un mensaje contundente a la población para que estos personajes no actúen más en la isla», agregó e indicó que es necesario aplicar una condena ejemplar como la medida cautelar extraordinaria de desalojo y restitución del inmueble.
Al respecto, Esteve adelantó que este viernes el abogado de la organización solicitará este desalojo inmediato porque hay "pautas procesales suficientes para garantizar la adopción de medidas de desalojo". En esta misma línea lamentó que estos «delincuentes» sigan operando en la isla porque, como consecuencia de los alquileres turísticos ilegales, muchos propietarios de Ibiza «dejarán de alquilar sus pisos en invierno y esperarán a que llegue la temporada alta para arrendar sus viviendas a extranjeros con dinero». «Así nunca solucionaremos el problema de la okupación en Ibiza», subrayó Esteve mientras destacaba que la isla es el tercer punto de España donde más trabaja esta entidad.
«El mensaje que debemos trasladar a la sociedad es que no se permite ningún tipo de okupación en Ibiza y que estos delincuentes no tienen cabida. Luego la gente se echa las manos a la cabeza cuando los trabajadores de la isla y los funcionarios no tienen dónde dormir», lamentó. Además, según la propia entidad, durante estos dos días se han desplazado varias personas a esta vivienda ubicada en Sant Antoni «para comprar droga». «Hemos tenido que prohibir la entrada a personas que venían al inmueble porque todo parece indicar que también era punto de venta de drogas», puntualizaron.
El escarmiento debe ser judicial!