El transporte público de Balears volverá a ser gratuito el año que viene durante los seis primeros meses del año. El Gobierno ha aceptado estas bonificaciones a petición de Podemos, que a cambio dará apoyo a la ley de Eficiencia de la Justicia, según detalló en una rueda de prensa la portavoz de la formación en el Congreso, Ione Belarra. El Gobierno se compromete también a prorrogar un año la prohibición de desahucios a familias vulnerables. El Gobierno tiene previsto aprobar estas medidas en el Consejo de Ministros que se celebra el lunes de manera extraordinaria ya que el martes es Nochebuena.
La aprobación de esta prórroga se ha decidido in extremis y tras una larga negociación con Podemos que ha permitido salvar una de las leyes estrella del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Como consecuencia del apoyo de Podemos a esta ley, en Canarias y Balears el transporte público estará bonificado al 100 % hasta junio incluido y en el resto de las comunidades autónomas el Gobierno pagará el 30 % si la comunidad respectiva paga el 20 % restante.
Cautela en el Consell
Un acuerdo que desde el Consell d’Eivissa ponen en cuarentena. «Solo tenemos un anuncio, está por confirmar que en este acuerdo entren los autobuses de Balears. Ya pasó una vez y el Gobierno tuvo que rectificar», recordó ayer el vicepresidente primero y conseller de Transportes, Mariano Juan.
El vicepresidente señaló que la gratuidad del bus en Ibiza tiene un coste de 7 millones de euros anuales. Un dinero que el Gobierno aún no ha hecho llegar al Consell d’Eivissa este año.
El hecho de que los usuarios no tengan que pagar nada, ha provocado un incremento en el número de viajeros del servicio de bus en Ibiza. En 2023, se alcanzó una cifra de 6,6 millones de viajes, un dato que a mediados de noviembre de 2024 ya se había superado, por lo que se espera que este ejercicio se superen los 7 millones de trayectos en las líneas regulares del servicio de autobús de Ibiza.
En el caso de que el Gobierno no hubiera prorrogado la subvención al servicio de autobús, el Consell d’Eivissa tenía previsto mantener la gratuidad para los usuarios de la T-Jove (usuarios de entre 5 y 18 años), la T-Daurada (mayores de 65 años, pensionistas, personas en riesgo de exclusión y parados de larga duración) y la T-Plata (familias numerosas y monoparentales). Para el resto de usuarios, el Consell d’Eivissa pretendía bonificar entre el 40 y el 45 % del billete.
Aprobado el lunes
La previsión es que el decreto se apruebe el lunes con una prórroga para los seis primeros meses. A partir del mes de julio y hasta final de año, la intención del Gobierno es ir reduciendo la universalidad de las ayudas para focalizar las subvenciones en determinados tipos de usuarios. Será el lunes cuando se conozcan los detalles de la subvención y cuánto llegará a las Islas por ese medio año de financiación del transporte.
En los dos años que ha estado en vigor la medida, la subvención del Gobierno a la Comunitat Autònoma ha sido de 43 millones anuales, pero el Govern ha tenido que aportar este año de su bolsillo otros 13 millones porque esta cantidad es insuficiente. El Govern esperará a conocer los detalles del acuerdo para valorarlo.
Precisamente ayer mismo el conseller d’Habitatge, José Luis Mateo, había informado del envío de una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que le pedía que mantuviera la gratuidad, pero que también asumiera el déficit de 13 millones de euros que tiene que poner el Govern de su bolsillo para cuadrar las cuentas.
En su carta, el conseller precisaba que el Govern aún no ha recibido respuesta a esta petición y que el Consejo de Ministros no ha adoptado un acuerdo al respecto a pesar de que apenas quedan 10 días para que acabe el año, «ni se han podido aclarar qué medidas adoptará el Gobierno de España en relación con la financiación del transporte público para 2025».
La cuantía de las ayudas
El conseller reitera en la misiva que el dinero aportado por Madrid es insuficiente debido a los nuevos incrementos de viajeros y añadía que la Comunitat ya asume un coste mucho más alto con fondos propios para financiar las bonificaciones y descuentos a estudiante, infantil, jóvenes o pensionistas, entre otros.
La gratuidad del transporte se implantó inicialmente gracias a una enmienda de Coalición Canaria a cambio del apoyo de esta formación a los Presupuestos del Estado y ya lleva dos años en vigor.