El abogado Víctor Soriano, ampliamente conocido en Ibiza por haber llevado la defensa del futbolista Marco Borriello en el sonado caso penal por las obras en su mansión de Es Cubells, se ha posicionado en pocos años como uno de los principales referentes legales en materia urbanística en la isla. Su despacho, Soriano i Piqueras, ha intensificado su presencia en Baleares, y recientemente celebró un concurrido acto en la azotea del emblemático Gran Hotel Montesol. Soriano, que representa a un número significativo de propietarios de suelo en la isla se ha mostrado crítico con el urbanismo de Ibiza y, en especial, con la situación en Sant Josep de Sa Talaia tras el anuncio de un nuevo plan general, que tiene abierto el plazo de alegaciones hasta el 30 de abril.
«Comprendemos la necesidad del Ayuntamiento de Sant Josep de ordenar una situación urbanística marcada por años de irregularidades», afirmó a este medio el pasado mes de marzo, «pero hay límites que no se pueden cruzar, especialmente cuando hablamos de decisiones discrecionales en materias donde la ley establece criterios reglados, como la clasificación del suelo urbano».
Uno de los aspectos que más inquietud genera es la degradación a suelo rústico de parcelas que hasta ahora se habían considerado urbanas. Para Soriano este cambio se plantea «de manera arbitraria, en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo». El letrado pone como ejemplo la discriminación entre parcelas con idénticos servicios urbanísticos: «no se puede permitir que una parcela se mantenga como urbana y otra se reclasifique como rústica estando en la misma situación».
Pero Soriano, que ha participado entre otros proyectos en el equipo jurídico que asesoró en la implantación del hotel más lujoso de la isla, también se refirió al controvertido caso de Vista Alegre, donde el Ayuntamiento ha decidido no otorgar licencias. «Lo que ocurre en Vista Alegre es claramente ilegal: hay un bloqueo administrativo injustificado que vulnera derechos adquiridos y genera inseguridad jurídica. Estamos ya trabajando en varios recursos. El Ayuntamiento de Sant Josep está obligado a tramitar y otorgar esas licencias», afirma el abogado.
Pese a la crítica, el letrado se muestra propositivo ante el nuevo plan general de Sant Josep: «el Ayuntamiento ha mostrado una voluntad de diálogo, y es esencial aprovechar esta oportunidad para formular alegaciones y también para poner en marcha los proyectos antes de que el plan quede aprobado y mientras no haya suspensión de licencias con unas normas provisionales, todavía hay tiempo para hacerlo».
En cuanto a los procesos por presuntos delitos urbanísticos, Soriano, reconocido como uno de los mejores abogados de España en derecho penal urbanístico, no duda: «hay una actuación desproporcionada por parte de la Fiscalía que perjudica incluso a los juzgados de instrucción, llevando a causas penales meras irregularidades administrativas».