El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha dado luz verde este martes a la prórroga por un año de la concesión de la gestión del antiguo Club Náutico de Ibiza (CNI) a la empresa Puertos y Litorales Sostenibles PyLS), que opera estaba instalaciones bajo el nombre de Port Nàutic Ibiza. Además, también ha aprobado una prórroga hasta el próximo 15 de noviembre para que pueda concluir las obras asociadas a la concesión, entre las que destaca la instalación de un dique flotante. Esta autorización contempla una parada entre el 15 de junio y el 30 de septiembre «en atención a la imposibilidad de realizar trabajos durante la temporada estival», según ha informado la APB en un comunicado.
Solo el representante de Ibiza en el consejo de administración de la APB, el vicepresidente insular Mariano Juan, ha votado en contra de la concesión de estas prórrogas. Juan ha explicado que lo ha hecho «por coherencia» dado que hace un año también se opuso a la concesión a PyLS. «He pedido que, con independencia de la prórroga, se tramiten y resuelvan los procedimientos sancionadores que procedan, con multas o, incluso, la caducidad del contrato», ha explicado el vicepresidente a Periódico de Ibiza y Formentera, «para que no se transmita la sensación de que se pueden incumplir las obligaciones contractuales adquiridas sin consecuencias». El representante de Formentera en el consejo de administración de la APB, Óscar Portas, presidente del Consell formenterés, ha optado por abstenerse.
La decisión del consejo de administración de la APB de otorgar estas dos prórrogas se basa en «el análisis técnico interno de la APB, así como en un informe favorable de Puertos del Estado». Ambos documentos «concluyen que la solución presentada por la empresa PyLS en su proyecto constructivo para la instalación de un dique de abrigo flotante minimiza suficientemente la problemática de seguridad y operatividad de la dársena, tal como requería el pliego del concurso público para autorizar la prórroga». Además, estos mismos informes señalan que «la planificación de la obra es viable y contempla márgenes adecuados para absorber imprevistos». La empresa, según el mismo comunicado, había presentado alegaciones para justificar que «parte de los retrasos en la ejecución son atribuibles a causas ajenas como fenómenos meteorológicos extremos y demoras administrativas».
El dique flotante se está construyendo en Alicante y los trabajos, según la APB, se han visto afectados por la DANA que afectó a Valencia el 29 de octubre del año pasado. «Fue muy complicado disponer de medios para la ejecución de los trabajos de movimiento de tierras en la ubicación elegida para la construcción del dique, que fue finalmente el puerto de Alicante», ha explicado la APB en su comunicado citando el informe de PyLS.
A pesar de la concesión de la prórroga, el consejo de administración de la APB ha acordado «iniciar el proceso administrativo para aplicar penalizaciones derivadas de los retrasos en la ejecución de la totalidad de las obra, tal y como estipula el condicionado de la autorización». «Aunque se conceda la prórroga», ha añadido la APB, «esta no exime a la empresa de cumplir las condiciones impuestas en la autorización ni de asumir las penalizaciones estipuladas por retrasos, en caso de que estos no estén justificados debidamente».
Poco antes de conocerse la decisión del consejo de administración de la APB, la junta directiva del CNI ha emitido un comunicado en el que ha recordado que «el requisito de cada prórroga es que el autorizado se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, sin la cual no es posible la prorroga del título inicial». «El hecho de que se otorgue una prórroga para la gestión del título sin que el licitador haya cumplido sus obligaciones legales y contractuales pugna con el más elemental sentido común y, lógicamente con la legislación reguladora, carece de precedentes y lanza un grave y peligroso menaje en el sector», ha advertido el CNI.
A juicio del club, que el dique flotante aún no esté ni siquiera en Ibiza demuestra que PyLS «no ha cumplido con la obligación de ejecutar la obra», que estaba comprometida en la oferta presentada por esta empresa. «Dicho compromiso», ha recordado el CNI, «fue determinante para ser calificado como ganador en el concurso convocado en su día. El hecho de prorrogar su autorización sin haber cumplido sus obligaciones de inversión y sin haber ejecutado las obras comprometidas, no solo vulnera la normativa portuaria sino también el pliego regulador del concurso y la valoración de las ofertas realizadas en su día».
El CNI, además, ha señalado en el mismo comunicado que tiene «fundadas sospechas de incumplimiento» por parte de PyLS de las actividades de carácter formativo, educativo, social y cultural sin fines lucrativos. Actividades que también debía realizar la adjudicataria como parte de sus compromisos. Por ello, el CNI ha solicitado «la vista del expediente administrativo« de la concesión para poder comprobar si PyLS ha acreditado ante la APB la realización de estas actividades.
«La realidad de los hechos», ha concluido el CNI, «es que PyLS ha aplicado un incremento sustancial de las tarifas en el puerto, expulsando a numerosos amarristas, sin que dicho incremento sustancial de precios se haya visto reflejado en una mejora de la calidad del servicio en los extremos objeto de valoración y resolución del concurso».
La Asociación de Amarristas del CNI también ha mostrado antes de la votación su rechazo a la posibilidad de la aprobación de la prórroga. En una nota de prensa, la asociación ha denunciado «los reiterados y documentados incumplimientos de las obligaciones asumidas en su oferta». Y ha explicado que, aunque la Ley de Puertos del Estado no regula expresamente la prórroga de autorizaciones de ocupación temporal por incumplimiento, sí que deben «respetarse los principios generales de la contratación pública». «En este contexto», ha señalado la asociación, «una prórroga sin valorar adecuadamente el grado de cumplimiento de la oferta adjudicada supondría una quiebra del principio de responsabilidad, igualdad y eficacia en el uso del dominio público portuario».
Desde la APB y tras la aprobación de la dos prórrogas se ha señalado, finalmente, que tanto el CNI como la Asociación de Amarristas han presentado diversas denuncias entre junio de 2024 y abril de este año «en relación a presuntos incumplimientos por parte de PyLS en la gestión de Port Nàutic Ibiza, incluyendo amarres a embarcaciones fuera de normativa, obras sin autorización, la falta de servicios comprometidos como escuela de vela o la custodia de embarcaciones». Ante estas denuncias la APB «mantiene abierto el proceso instructor y las diligencias informativas». «Hasta la fecha no se han materializado sanciones ni se ha iniciado el procedimiento de caducidad», ha admitido la APB, «aunque estas posibilidades siguen abiertas en tanto que aún no han concluido los procesos de instrucción derivados de las denuncias».
¡Arriba España!Lo de tergiversado y manipulador es una mera opinión. Que, por supuesto, no comparto, porque lo veo justamente desde el lado opuesto al tuyo, totalmente equivocado. De lo de los flagrantes incumplimientos, veo que no opinias. Por algo será. Lo dicho, tiempo al tiempo.