La tutela de los menores extranjeros no acompañados por parte del Consell Insular de Ibiza finaliza cuando estos alcanzan la mayoría de edad. Después, entran en el circuito de emancipación que depende exclusivamente del Govern balear, a través de la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales, dirigida por Catalina Cirer. Este proceso tiene como objetivo ayudar a estos jóvenes en su proceso de integración en la sociedad, facilitándoles la formación y salidas laborales. Pero también es necesario que tengan un lugar en el que residir. De ahí que el Govern vaya a financiar en Ibiza la creación de entre 20 y 30 plazas que serán ocupadas por los jóvenes tutelados por el Consell que este año alcancen la mayoría de edad.
Así lo ha señalado la consellera Cirer, tras mantener una reunión en Ibiza con el presidente insular, Vicent Marí y con su homóloga en la isla, Carolina Escandell. Cirer ha señalado que estas plazas son necesarias para que estos jóvenes «puedan hacer la transición a la vida adulta». Y ha calificado como «un paso importante» la creación de este servicio en Ibiza «para ayudar» a estos usuarios. Un servicio que les permitirá tener «oportunidades de estudios, de trabajo y de hacer vidas normales».
Cirer también ha explicado que la conselleria adquirirá en Ibiza dos pisos con el mismo objetivo. Estas viviendas serán compradas con financiación europea, ha añadido la responsable del departamento autonómico de Familias y Asuntos Sociales.
El presidente del Consell insular, Vicent Marí, ha señalado, por su parte, que la situación en Ibiza con respecto a la tutela de los menores extranjeros no acompañados es «desesperada». «Hay que buscar soluciones», ha insistido el presidente, «hay que exigir al Gobierno central que cumpla con sus competencias y la inmigración es una de ellas. Una reivindicación que Marí ha realizado ya en numerosas ocasiones en los últimos años ante el cada vez más elevado número de pateras que llega a la isla desde las costas argelinas. El Gobierno central, sin embargo, sigue negándose a hacerse cargo de estos menores que ahora tutelan los consells en las Islas. Algo que también ha sucedido en Canarias y que ha llevado al Tribunal Supremo a ordenar al Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez «la urgente adopción de medidas» para cumplir su obligación y atender a esos menores si están interesados en solicitar asilo. En caso de que no cumpla, ha advertido el Supremo al Gobierno, se le impondrán «medidas coercitivas a quienes sean responsables» de dejación de funciones, según informó la semana pasada el Consejo General del Poder Judicial.