En la parte inferior del asentamiento de Can Rova II –el terreno se divide en tres subzonas diferenciadas– compareció ayer el abogado David Fechenbach, representante legal de una treintena de personas que residen en el poblado para explicar la postura ante el desalojo que el Ayuntamiento de Santa Eulària ha fijado para el 15 de julio, Desde la defensa de los residentes de Can Rova II, sin embargo, esperan retrasar hasta el 31 de agosto.
Durante la comparecencia, a Fechenbach le han acompañado cerca de medio centenar de personas, muchas de ellas ataviadas con pancartas en las que, cada una con un mensaje particular, reclamaban de manera conjunta soluciones ante la falta de vivienda en la isla y pedían «dejar de poner el foco en Can Rova».
Aplazamiento
El letrado ha asegurado que la solicitud de aplazamiento del desalojo ya ha sido tramitada por parte de su despacho. Si estos plazos se cumplen, asegura Fechenbach, no habrá problemas en el desalojo: «Ellos no quieren dar problemas, lo que quieren es un techo donde vivir». El abogado ha añadido que son necesarias las soluciones y los recursos por parte del Ayuntamiento para que «esto no sea el inicio de la creación de un Can Rova III».
En cuanto al acceso por parte de posibles ayudas por parte de los Servicios Sociales, Fechenbach ha asegurado que «hay solicitudes que han sido rechazadas por requisitos burocráticos». El motivo, según el letrado, es que estas personas no tienen la residencia porque no se les está permitiendo empadronarse, algo que «va contra la ley del padrón, que el Ayuntamiento está incumpliendo».
Sobre esta solicitud de ayudas, Fechenbach ha negado las declaraciones realizadas desde el Ayuntamiento de Santa Eulària, quienes han asegurado que no se les ha permitido el acceso al asentamiento por parte de Servicios Sociales. «Que vengan aquí, les dejarán entrar, nos ponemos a disposición de los técnicos del Ayuntamiento para que vengan a revisar todo lo que ellos quieran. Que vengan de Servicios Sociales y supervisen las actividades que quieran», ha expresado.
El motivo por el cual estas personas siguen en el asentamiento no es otro que la emergencia habitacional que vive la isla de Ibiza y que provoca que estas personas no tengan acceso a una vivienda digna. Aunque es difícil cuantificar cuántas personas conviven a día de hoy en el terreno con total exactitud, es posible que se sitúen entre las 250 y las 300 personas. Entre ellos, hay personas con informes de vulnerabilidad que se han presentado, ha asegurado Fechenbach.
El pasado mes de abril ya se suspendió el primer intento de desalojo por parte del Ayuntamiento de Santa Eulària. Ahora la situación no parece que vaya a repetirse, puesto que el auto que levanta la suspensión no admite recurso. De esta manera, el abogado lo que ha presentado es un escrito de solicitud de aplazamiento al Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Palma de Mallorca.
El incendio de hace dos semanas ha sido el punto de inflexión por el cual las tornas han cambiado. Según Fechenbach, «en muchos edificios de la isla se pueden encontrar más incidencias de las que suceden en este asentamiento», y ha puesto a disposición cualquier medida que sea necesaria «para garantizar la seguridad del terreno hasta el día del desalojo».
Servicios Sociales
En la rueda de prensa ante los medios también ha intervenido Guadalupe Nauda, regidora de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Ibiza y que ha ejercido como enlace entre los moradores de Can Rova II y Fechenbach. Nauda ha incidido en «las trabas» que, según ella, ha puesto el Ayuntamiento de Santa Eulària para que las personas que viven en Can Rova II no tengan acceso a ayudas o prestaciones. Especialmente complicados han sido los procesos de escolarización, ha señalado.
Nauda ha asegurado que desde los Servicios Sociales «solo se han desplazado al terreno cuando sucedió el primer desalojo». Además, ha asegurado que desde Santa Eulària «solo se ha actuado con celeridad cuando se pidieron ayudas para poder salir de la isla».
Los desalojados
Durante la mañana de este martes también han tomado la palabra alguno de los residentes de Can Rova II. Lo ha hecho Richard Medina, quien ejerce como representante de todas esas familias que ya fueron desalojadas del primer asentamiento de Can Rova. Sobre las posibles ayudas del Ayuntamiento de Santa Eulària para abandonar la isla, ha asegurado que «eso en muchos casos, como el mío, no es una opción que se baraje, porque están los niños, que tienen sus círculos y están escolarizados aquí».
Igual que han hecho antes Fechenbach y Nauda, Richard ha pedido «que se respete la ley de empadronamiento, que es lo que hace que no podamos regularizarnos». También ha señalado la situación de la vivienda como el principal obstáculo para abandonar la situación de precariedad propia del asentamiento por lo que, a día de hoy, no ve «una alternativa» para cuando llegue la fecha del desalojo.
En el mismo sentido se ha expresado Manuel, quien ha expresado que «solo pedimos tiempo para que podamos sacar nuestras cosas» y que se les ofrezca una alternativa «porque no tenemos donde quedarnos». Él es un trabajador que vino a hacer la temporada y que cuando llegó a la isla no fue capaz de encontrar un lugar donde vivir, por lo que terminó en Can Rova ante la incapacidad de poder pagar una habitación.
Manuel ha señalado el espíritu «de grupo» que existe en Can Rova, a través del cual «se organizan limpiezas o se echa una mano a quien lo necesita» y, una vez más, ha asegurado que si Servicios Sociales acude «se le abrirá la puerta y se le dejará entrar».
Gatobardo 1Los lugares son finitos. Igual que los recursos. Igual que la capacidad de acogida. Por otro lado, no solo nos financiamos con impuestos, también lo hacemos con deuda. Y Paraguay tiene una deuda del 40%, mientras que en España es del 105%. Lo justo sería exigirle a un pais con unas cuentas tan saneadas como Paraguay hacerse cargo de sus ciudadanos si hace falta endeudandose, mas todavia los que estan aqui con visado de turista