Más de un millón y medio de euros. Es la cantidad que presuntamente adeudaría el promotor Cristóbal Thomas de Carranza y Méndez de Vigo por una serie de impagos reclamados por una constructora de Ibiza. El inversor de ilustre linaje acudió el lunes a los juzgados del Cetis para declarar en una vista de medidas cautelares previas señalada por el juzgado de Primera Instancia número 5 de Ibiza al ser citado tras la demanda presentada por la empresa ibicenca.
Thomas de Carranza y Méndez de Vigo fue citado como administrador de Villa Amare Ibiza SL., promotora de la urbanización Can Dalt, en Santa Eulària. La constructora activó la vía judicial para reclamar los más de 1,5 millones que le deberían por los trabajos realizados en la urbanización Can Dalt, un complejo de once viviendas unifamiliares de lujo puestas en el mercado por un valor que oscila entre los 2,3 y los 2,5 millones de euros.
El promotor acudió a la sede judicial acompañado por su hermano, el letrado Santiago Thomas de Carranza y Méndez de Vigo, y Maria Teresa Fernández de la Oliva, arquitecta técnica y Project manager del proyecto Can Dalt.
Foto: Toni P.
Según las informaciones recabadas por este medio, del análisis financiero realizado por la constructora se desprende un «riesgo elevado de impago». Y es que, según el registro mercantil, Villa Amare Ibiza SL cuenta con un capital social de 3.000 euros, el mínimo exigido. En 2022, Méndez de Vigo, economista y experto en selección de activos inversiones y gestión de riesgo, según su perfil de Linkedin, se embarcó en un proyecto millonario en Ibiza. Ahora la constructora a la que le encargó la obra le reclama más de 1,5 millones.
Diez de las once propiedades ya han sido vendidas y cuatro de ellas fueron habitadas sin tener la Licencia de Primera Ocupación (LPO). La entrada de los primeros propietarios se produjo en diciembre de 2024. Unas villas de lujo que hasta hace poco funcionaban con los suministros de obra, gastos de luz que seguía abonando la constructora y que se incluirían en la deuda reclamada.
Foto: Moisés Copa
La venta de las villas le habría reportado a la promotora una cantidad que superaría los 20 millones de euros. Ahora la jueza deberá decidir sobre la petición de las cautelares solicitadas por la constructora, empresa que se siente haber sido víctima de una «presunta estafa de cuello blanco». El CEO de Can Dalt, Cristóbal Thomas de Carranza y Méndez de Vigo aparece vinculado a otras muchas empresas en el Registro Mercantil.
A los problemas económicos se suma el expediente abierto por el Ayuntamiento por la construcción de dos piscinas que no figuraban en el proyecto original, un hecho que demoró el certificado de final de obra.
Esa gentuza vienen a Ibiza a forrarse a la cuesta de los que están. Enhorabuena por la constructora, por tomar medidas o cuanto antes. Conozco algún caso que terminó fatal , endeudado con la agencia tributaria por culpa de personajes como este… desaparecen o se declaran en quiebra… que la última vivienda sea embargada o cuanto antes.