La Unión General de Trabajadores (UGT) de Ibiza y Formentera ha manifestado su preocupación por la ineficacia y deficiente administración que, a su juicio, caracteriza la labor de la gerencia del GSAIB, el Servei de Salut y la Conselleria de Salud, bajo la dirección de Manuela García. El sindicato sostiene que los compromisos no materializados y la ausencia de acciones correctivas siguen impactando negativamente en el transporte sanitario y en el personal de las islas.
El 15 de octubre, la consellera y el director general del Servei de Salut, Javier Ureña, comunicaron la incorporación de 246 nuevos vehículos a la Comunitat, garantizando la renovación total de la flota para noviembre, una fecha que ya había sido pospuesta desde septiembre. No obstante, recientemente se ha informado que las nuevas ambulancias no estarán operativas hasta diciembre, justificando el retraso en la fabricación de muchos de estos vehículos de transporte sanitario urgente en Galicia. UGT considera esta situación como una clara muestra de improvisación y gestión deficiente, además de un «incumplimiento grave de sus compromisos o anuncios» que «sigue poniendo en riesgo tanto a profesionales como a los propios pacientes».
Por su parte, la empresa GSAIB ha informado al sindicato sobre la próxima implementación del recurso operativo LIMA, cuya puesta en marcha ha sido una demanda constante de UGT y que ya funciona desde hace un año en Mallorca y Menorca. El sindicato espera que esta iniciativa se concrete y no se convierta en «otra promesa incumplida», lo que, según sus palabras, «se jugaría con los trabajadores y los pacientes».
Asimismo, UGT ha insistido durante los últimos meses en la necesidad de que los requisitos para la nueva formación y los recursos sean negociados con los representantes sociales. En este sentido, Nadal ha puntualizado que «en el caso del LIMA parece que desde GSAIB y SAMU 061 van a contar con la parte Social para consensuar y negociar los requisitos de acceso, lo que consideramos positivo y un gran avance e igualdad de oportunidades para toda la plantilla, siempre que no sea una nueva promesa incumplida».
El sindicato UGT también ha puesto de manifiesto la preocupante situación laboral en GSAIB en las Pitiusas. Diez técnicos de emergencias sanitarias han presentado denuncias por acoso laboral, trato vejatorio, comentarios homófobos y otras conductas discriminatorias, atribuidas a la responsable del servicio de GSAIB en las islas.
Aunque la Conselleria informó de la apertura de una investigación al respecto, hasta la fecha no se han comunicado progresos ni se han implementado medidas cautelares para salvaguardar a los afectados. El sindicato anticipa que en los próximos días podrían surgir más denuncias por parte de los trabajadores, debido al ambiente hostil y de tensión que, según UGT, padece el personal.
Un aspecto adicional que genera preocupación es que el 80% del personal del transporte sanitario programado no está habilitado para conducir la nueva flota de ambulancias, ya que estos vehículos exigen la posesión del carnet C. Esta circunstancia, según UGT, representa un grave riesgo operativo.
La consellera ha atribuido la responsabilidad de esta situación a la administración anterior, una justificación que UGT califica de «ridículo». El sindicato argumenta que la actual gestión fue la encargada exclusiva del diseño y la adquisición de estos vehículos de 4.000 kilogramos, los cuales no pueden ser operados por los trabajadores al carecer del permiso de conducir adecuado.
UGT también ha criticado las modificaciones improvisadas en las ambulancias, realizadas sin consultar a los profesionales del transporte sanitario. Estas incluyen la eliminación de rampas hidráulicas, la reducción de asientos y la supresión de sistemas de seguridad o ergonómicos. Paradójicamente, la consellera Manuela García había descrito estos elementos como «dispositivos de tecnología punta», que ahora desaparecen con las reformas.
El sindicato advierte que estas alteraciones tendrán «consecuencias graves» tanto para los trabajadores como para los pacientes, además de generar un evidente sobrecoste económico para las arcas públicas, derivado de estos errores de planificación.
La estimación del impacto económico total para las arcas públicas resulta compleja, considerando los gastos asociados al desguace, almacenamiento, homologación industrial, la obtención del carnet C para los profesionales, la formación CAP y la contratación de personal para cubrir las ausencias durante los periodos de autoescuela. UGT subraya que, independientemente de si el coste es asumido por una o varias Consellerias, el dinero proviene en última instancia de los ciudadanos.
Ante esta situación, UGT demanda a la Consellera seriedad, la implementación de acciones inmediatas y, de manera prioritaria, una reunión con los representantes sociales para discutir las medidas relativas a las condiciones laborales de los profesionales.
El sindicato enfatiza que no se ha consultado a los profesionales ni en el diseño de los vehículos, ni en el análisis de la pertinencia de eliminar mecanismos esenciales para el trabajo diario, ni en la idoneidad de las autoescuelas y otras medidas anunciadas. Por ello, UGT advierte que, de persistir esta dinámica, el «error inicial» relacionado con los vehículos y la generación de «decenas de toneladas de chatarra tecnológica avanzada» resultará insignificante en comparación con las futuras consecuencias si no se considera la opinión de la parte social.