El cierre de Can Dog podría ser nulo de pleno derecho y quedar sin efecto puesto que el propietario no habría recibido el decreto de Inicio del Expediente Sancionador emitido por el Consell. Sí se lo han remitido a un abogado que defendió al dueño del centro animal en anteriores casos, aunque en estos momentos no es su representante legal.
El letrado remitió el miércoles un escrito al Consell Insular relatando cómo fue notificado en su despacho el decreto de Inicio de Expediente Sancionador de 16 de octubre de 2025. Sin embargo, aclara en el documento que en la actualidad no es el representante legal de la sociedad que gestionaba la residencia de animales, por lo que el expediente sancionador debería haber sido notificado a la sociedad interesada. Por tanto, el letrado rechaza la notificación.
El abogado recordó que anteriormente sí había defendido al propietario en varios juicios que acabaron para el dueño de Can Dog de manera satisfactoria. No descartó proponerle ahora interponer varias denuncias por injurias contra quienes cargaron contra este hombre puesto que la Justicia le ha absuelto de diferentes acusaciones.
Según explicó el letrado, el propietario le aseguró no haber recibido ninguna notificación de cierre por parte del Consell.
Cabe recordar que esta semana, el Consell d´Eivissa informó sobre el cese definitivo de Can Dog como residencia y núcleo zoológico. A lo largo de los meses de octubre y noviembre, se llevaron a cabo diversas inspecciones en las instalaciones. Entre otras incidencias, en una visita realizada en octubre se documentó la presencia de 41 perros, de los cuales 30 no estaban registrados a nombre de personas directamente relacionadas con el centro como titulares o empleados. Según el Consell, esta situación evidenció la persistencia en el incumplimiento de los requisitos esenciales para la autorización y el funcionamiento adecuado de una residencia canina.
Como resultado de estas irregularidades, el 17 de octubre se notificó al establecimiento la baja de su condición de núcleo zoológico, junto con la imposición de medidas cautelares decretadas el día 16. Estas disposiciones prohibían la admisión de nuevos perros en régimen de pensión o residencia y otorgaban un plazo de siete días para que el centro comunicara al Consell los plazos previstos para el retorno de los animales a sus legítimos propietarios o responsables.
Fuentes de la institución insular confirmaron ayer que la obligación de cerrar Can Dog se le notificó al propietario hace semanas, dándole un tiempo para solventar la situación de los animales. El dueño presentó un plan con una previsión de fechas que han sido cumplidas para el desalojo de los perros.