El informe sobre exclusión social realizado por Foessa para Cáritas Diocesana en Ibiza ha hecho saltar todas las alarmas. Más de 30.000 personas en la isla, un 20,4% de la población, están en situación de exclusión social. El panorama no parece que tenga solución a corto plazo y, como era de esperar, la falta de vivienda está en el centro del problema.
El gerente de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF), Manuel Sendino, ha apuntado directamente a la falta de vivienda como el factor que más ha agravado la situación social en la isla. Sendino ha explicado que esta patronal propuso al Govern balear al inicio de la legislatura la posibilidad de que fueran los propios hoteleros los que construyeran residencias para sus trabajadores. El problema de esta propuesta es que «los terrenos de los que podrían disponer o no son urbanos o es necesario incrementar su edificabilidad». De momento, ninguna administración ha recogido el guante. Pero Sendino ha insistido en que «más de un hotelero y más de 10 estarían encantados de poder hacerlo».
El gerente de esta patronal, por otro lado, ha apuntado al desmedido crecimiento demográfico que ha experimentado Ibiza en los últimos años como otro factor que ha agravado la situación. Un problema que, ha puntualizado, «afecta no solo a Ibiza, sino a España en general e, incluso, a Europa». «Es un problema demográfico», ha añadido, «y la demografía manda. No hay gente joven y tiene que venir gente de fuera. Y esa gente también necesita vivienda. Además, si los trabajadores, por ejemplo, no pueden hacer horas extras, las empresas han de contratar a más gente que también necesita vivienda. Es un problema de difícil solución».
Para el delegado de la CAEB en Ibiza y Formentera, José Antonio Roselló, el informe constata que en la isla «se da una baja incidencia de la pobreza monetaria, de modo que no es en este terreno donde buscar la exclusión social». Roselló ha señalado en este sentido que «se bloquea así el siempre fácil expediente de cargar sobre las empresas las causas de la exclusión social, costa que el informe obviamente no hace». En cuanto al problema de la vivienda, el delegado de la CAEB ha indicado que «una de las causas mayores de la falta de vivienda es la falta de oferta y esa falta de oferta es consecuencia directa, por no decir muy directa, de la profunda desconfianza de los propietarios ante las políticas nacionales».
Manuel Sendino: «La demografía manda. No hay gente joven y tiene que venir gente de fuera. Y esa gente también necesita vivienda»
Roselló ha advertido que, mientras estas políticas estatales no cambien, «será difícil que salga más oferta al mercado». Además, ha reconocido que las políticas autonómicas de vivienda «requerirán tiempo para dar sus frutos», aunque ha destacado que «el camino hay se ha iniciado». Además, ha manifestado que es necesario tener en cuenta «los esfuerzos que hacen las empresas en relación al tema de al vivienda, a pesar de que en ningún caso es responsabilidad de ellas, sino de la política económica».
Para el delegado de la CAEB, es importante subrayar que, por otro lado, la isla sufre un efecto llamada en lo relativo a los trabajadores de temporada. Trabajadores que al llegar «chocan con las condiciones reales del mercado de trabajo y de las circunstancias de acogida». Y ha puesto como ejemplo de esta situación los asentamientos, en los que «es mayoritaria la presencia de personas en economía sumergida».
José Antonio Roselló también ha pedido «no flagelar a Ibiza como tal» porque, en su opinión, lo que hay que hacer es «buscar soluciones realistas» para problemas que son más competencia del Gobierno central que del resto de administraciones.
José Antonio Roselló: «En Ibiza se da una baja incidencia de la pobreza monetaria, de modo que no es en este terreno donde buscar la exclusión social»
Directores de hotel
La presidenta de la Asociacion Española de Directores de Hoteles (AEDH) en Baleares, la empresaria Alicia Reina, ha señalado, por su parte, que la realidad radiografiada por el informe de Cáritas no puede dejar a nadie «indiferente». Reina ha señalado que el hecho de que más de 30.000 personas se encuentren en situación de exclusión social en Ibiza «es un dato profundamente preocupante que interpela a toda la sociedad y, de manera muy directa, a los sectores que sostenemos su actividad económica».
Reina ha recordado que la entidad que preside lleva tiempo denunciando «que la crisis de la vivienda ha dejado de ser únicamente un problema social para convertirse en una cuestión económica y estructural de primer orden». Y es que, ha señalado, «hoy tiene un impacto directo en la cohesión social, en la calidad del empleo y en la sostenibilidad del propio modelo turístico de Ibiza».
«La realidad habitacional que reflejan estos informes es especialmente alarmante», ha dicho, «situaciones de hacinamiento, subarriendos abusivos, familias enteras viviendo en una sola habitación y trabajadores que, pese a tener empleo, acaban residiendo en caravanas, furgonetas, asentamientos o infraviviendas. Se trata de situaciones que no pueden normalizarse en un destino que aspira a ser referente internacional». A esto ha sumado el hecho de que muchas de estas personas, sobre todo en el caso del alquiler de habitaciones, «no figuran en ningún contrato, en ocasiones sin conocimiento del propietario, lo que les impide empadronarse y acceder a derechos básicos vinculados al padrón, como la sanidad, la educación, las ayudas sociales o determinados trámites administrativos». Una situación que ha definido como «una exclusión silenciosa que se cronifica y se transmite».
Desde la AEDH, Alicia Reina ha señalado también que todo esto afecta a las empresas hoteleras, que se encuentran «con enormes dificultades para atraer y retener talento, no por falta de empleo sino por la imposibilidad de ofrecer condiciones de vida dignas en el destino». Por ello ha advertido de que Ibiza no puede «aspirar a turismo de calidad si las personas que lo hacen posible viven en condiciones de precariedad habitacional». «La sostenibilidad no puede ser solo ambiental», ha asegurado, «la sostenibilidad social es una pieza clave del futuro de Ibiza como destino y pasa necesariamente por garantizar vivienda, estabilidad y dignidad para quienes viven y trabajan en la isla».
Alicia Reina: «La crisis de la vivienda ha dejado de ser únicamente un problema social para convertirse en una cuestión económica y estructural de primer orden»
Alicia Reina ha descartado que ya sea el momento de «buscar culpables» porque «este reto debe abordarse desde una visión conjunta y responsable, en la que las administraciones públicas, sector privado y entidades sociales trabajen de forma coordinada». También ha subrayado que «la vivienda debe ser tratada como una infraestructura estratégica del destino, con soluciones valientes, realistas y adaptadas a la realidad».
Los sindicatos
El secretario general de UGT en Ibiza, Pedro Campillo, ha denunciado, por su parte, que Ibiza, «en la superficie se ha convertido en una isla para ricos» de la que «se está yendo la gente porque no puede vivir aquí». Campillo ha lamentado que se hayan dejado de lado «desde hace muchos años» las políticas sociales y las destinadas a incrementar el parque público de vivienda en Baleares en general y en Ibiza en concreto. «Ahora las administraciones hacen promesas pero no se convierten en realidades», ha añadido.
El sindicalista ha admitido que estas políticas se complican al tener en cuenta «la fragilidad de la isla» en materia medioambiental y de recursos naturales. Por ello ha exigido «políticas muy cuidadosas» que puedan dar respuesta tanto a la necesidad de vivienda como a la de la preservación de los recursos naturales. «Aquí no sirven las medidas que se puedan aplicar en Madrid o en Barcelona», ha asegurado, «no tenemos agua, hay que trasladar los residuos, hay fragilidad medioambiental. No todo pasa por construir más porque necesitamos encontrar un equilibrio».
Pedro Campillo: «Necesitamos calidad de vida para que esto sea un destino atractivo para los funcionarios»
En este sentido, Campillo ha señalado que «si en la isla caben 100.000 personas, no puede haber 150.000» y ha subrayado que los residentes «necesitan calidad de vida y dignidad, poder vivir dignamente con su salario». Para el secretario general de UGT, no es aceptable que los partidos políticos «estén peleándose en los plenos porque tienen que buscar soluciones». «Si tienen que sentarse en una mesa y no levantarse hasta que encuentren las soluciones, que lo hagan», ha añadido, «si se quieren pelear, que lo hagan en los plenos. Pero eso es algo que no va más allá de ellos mismos y de los medios de comunicación. Los ciudadanos quieren soluciones».
Pedro Campillo también ha señalado que el informe de Cáritas debería ser objeto de análisis por parte de la Mesa de Diálogo Social del Consell. Un organismo en el que participan patronales y sindicatos, además de gobernantes: «El presidente del Consell, Vicent Marí, es receptivo a las propuestas que hacemos desde UGT. Pero hace falta ponerlas en marcha. Los asentamientos, por ejemplo, son tercer mundo e indignidad. Y hay que tomar medidas dramáticas y reales. El análisis que ha hecho Cáritas no nos pilla por sorpresa porque todos conocemos la situación. Y los análisis que se hacen en la Mesa de Diálogo Social son muy parecidos».
En cuanto a las posibles soluciones, Pedro Campillo ha apuntado que estas deben tomarse «pensando en los residentes, en los trabajadores y en la clase media y cuidando la isla». «Necesitamos calidad de vida para que esto sea un destino atractivo para los funcionarios», ha insistido, «los servicios públicos estatales están abandonados y hay que revertir la situación».
El líder de UGT, finalmente, ha puesto sobre la mesa la necesidad de «llegar a un acuerdo con el sector turístico». «Las grandes empresas ya son conscientes de que este no es el camino», ha concluido, «hay que cuidar el turismo porque es nuestra principal industria. Pero hay que corregir el dumping social entre ricos y pobres. Y hay que cuidar los negocios porque, si esto se sobremasifica, y la gente viene y lo pasa mal, dejará de venir».
Si creen que con 1000 viviendas de alquiler social van a arreglar el asunto y que tardarán años en construirse la llevan claras. No en todos los lugares ocurre. En Navarra con pleno empleo y una renta superior a la Balear el metro no sale a más de 2000, al igual que La Rioja y otras tantas regiones con pleno empleo con la posibilidad de comprar( aquí esta a 8000 euros/ metro) El problema es el alquiler, ningún propietario quiere arriesgar con los morosos. 500.000 nuevos emigrantes al año en España sólo tiene la posibilidad de alquiler rompiendo el mercado. Los trabajadores del norte tienen la posibilidad de comprar. LA CORRUPCIÓN POLÍTICA HAN DEJADO SIN FUTURO A LOS IBICENCOS.