El director general de Inmigración del Govern balear, Manuel Pavón, ha advertido de que Baleares atraviesa «una auténtica crisis migratoria sin precedentes», con una llegada de inmigrantes por vía marítima que se ha disparado de forma exponencial en los últimos años. Así lo afirmó ayer en el programa Bona nit Pitiüses de la Televisió d’Eivissa i Formentera (TEF), donde aseguró que el balance actual es «claramente negativo» y denunció la falta de respuesta del Gobierno central ante una situación que, según subrayó, mantiene «sobresaturados» a los servicios de atención y seguridad.
Pavón recordó que en 2016 apenas llegaron 20 personas en patera a las costas baleares, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 7.321 personas, casi la mitad de ellas en las Pitiusas. «Somos la ruta que más está creciendo a nivel porcentual, no solo en España sino también en Europa», señaló, criticando que el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, siga sin reconocer la existencia de una ruta migratoria consolidada entre Argelia y Baleares.
El responsable autonómico reprochó al Ejecutivo estatal su actitud de «negar la realidad y mirar hacia otro lado», y aseguró que incluso Frontex desmintió públicamente las declaraciones del delegado del Gobierno sobre un supuesto operativo en las islas. «Pedimos lealtad institucional y compromiso con la sociedad. Si no hay suficientes policías ni guardias civiles, habrá que pedir ayuda a Europa», afirmó, reclamando la implantación efectiva de Frontex en Baleares para reforzar el control de fronteras.
Entre las medidas adoptadas hasta ahora, Pavón criticó la instalación de carpas de acogida en los puertos de la Savina, Ibiza y Palma con un coste de siete millones de euros, que a su juicio generan «un efecto llamada» sin aportar soluciones estructurales. «Por un lado no reconocen la crisis, y por otro se gastan millones en carpas. ¿En qué quedamos?», cuestionó.
Uno de los puntos que más preocupa al Govern es la situación de los menores migrantes. Pavón explicó que Baleares acoge actualmente a unos 750 menores, una cifra que considera «insostenible», especialmente en islas como Formentera, donde los recursos están completamente desbordados. Además, alertó de que alrededor del 60 % de los inmigrantes que dicen ser menores resultan no serlo tras las pruebas médicas, una práctica que, según afirmó, está promovida por mafias que se lucran de la desesperación humana.
«El Mediterráneo se está convirtiendo en un cementerio», lamentó, denunciando la actuación de estas redes y reclamando políticas internacionales más contundentes para frenar las salidas desde los países de origen.
Regularización
Pavón también cargó duramente contra el anuncio del Gobierno central de una regularización masiva de hasta 500.000 personas. A su juicio, se trata de una medida «improvisada, sin planificación y sin consenso», que puede suponer un riesgo para la seguridad ciudadana. Criticó que solo se exijan antecedentes penales y no policiales, así como la escasa exigencia de arraigo –cinco meses de residencia– para acceder a la regularización. «Con una declaración jurada cualquiera puede decir que no tiene antecedentes. Esto va a ser un coladero», advirtió. «¿Y la reagrupación familiar? ¿Alguien lo ha pensado? ¿Cuántas personas van a venir en situación de reagrupación familiar?», se preguntó Manuel Pavón.
El director general defendió un modelo basado en el «sentido común», con plazos más amplios de permanencia, informes de integración y coordinación entre administraciones. «Ni el buenismo ni los extremos son la solución. Hace falta un plan consensuado que nos afecte a todos, no solo a uno o dos partidos», afirmó.
Manuel Pavón también criticó las declaraciones de la eurodiputada de Podemos y exministra Irene Montero en las que aseguró que «ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante». «¿Alguien piensa que a esta mujer le importan las víctimas de violencia de género cuando ha hecho una ley que ha conseguido soltar a un montón de violadores? ¿O cuando contrató pulseras que no funcionaban? Pues esto es una cortina de humo del Gobierno de España», apuntó el director general de Inmigración del Govern.
En su condición de subinspector de la Policía Nacional, Pavón abordó también la falta de efectivos en Ibiza y Formentera, vinculándola al elevado coste de la vivienda y a la insularidad. Destacó como única medida concreta la deducción fiscal impulsada por el Govern balear para policías y guardias civiles destinados en las islas, y avanzó la presentación de una propuesta no de ley en el Parlament en la que se reclaman más de mil efectivos adicionales para garantizar la seguridad en el archipiélago balear.
Finalmente, Pavón alertó de que Baleares es un territorio «especialmente frágil» por la presión demográfica y turística, y cuestionó la compatibilidad entre nuevas regularizaciones masivas y la falta estructural de vivienda. «Nos jugamos el estado del bienestar que tanto les costó construir a nuestros antepasados. Hay que actuar con respo
Y cuando lo hizo Aznar