El vicepresidente primero del Consell d’Eivissa, Mariano Juan, ha explicado que las navieras y los rent a cars «han asumido que la limitación de vehículos ha venido para quedarse». Como ya se anunció la pasada semana, la institución insular intensificará este verano la reducción del número de vehículos que acceden a la isla, tras el «éxito» del primer año en la aplicación de la ley de limitación, que permitió rebajar en unos 32.000 coches la presión sobre Ibiza durante la pasada temporada estival.
Juan explicó ayer en el programa Bona nit Pitiüses de la Televisió d’Eivissa i Formentera (TEF) que el Consell adelantará sus objetivos iniciales: «Teníamos previsto bajar unos 500 vehículos cada año, pero vistos los buenos resultados vamos a duplicar esa velocidad». De este modo, en 2026 se reducirá el cupo en 1.250 coches y otros 1.250 en 2027, lo que permitirá alcanzar el objetivo de unos 17.000 vehículos «en tres años, en lugar de cinco».
El dirigente insular subrayó que se trata de una ley «pionera en Europa» y defendió que el sistema ha funcionado: «El juez no dio la razón a quienes pidieron suspender la medida y por eso se han reducido esos 32.000 vehículos».
Sobre la oposición inicial de algunas compañías navieras y de rent a cars externos, Juan reconoció que se presentaron recursos judiciales, pero afirmó que ahora el escenario es distinto: «Han entendido que esta normativa está para quedarse y que la determinación del gobierno de Vicent Marí es clara. Esto forma parte de un plan de contención y de gestión para que Ibiza sea más sostenible y se pueda vivir mejor».
«Teníamos previsto bajar unos 500 vehículos cada año, pero vistos los buenos resultados vamos a duplicar esa velocidad»
En este sentido, defendió un enfoque global de la movilidad que no se limite solo a los coches que llegan de fuera: «No se trata de señalar únicamente a los que vienen de fuera. También tenemos trabajo dentro de Ibiza». Por ello, el Consell pondrá en marcha un observatorio de movilidad y vinculará la limitación de vehículos al refuerzo del transporte público.
Más control
Foto: Jésica López
Uno de los principales retos ha sido la aplicación práctica de la ley. Juan explicó que el Consell ya ha conseguido acceso a las bases de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), lo que permitirá cruzar matrículas con las imágenes captadas por cámaras.
«Ahora mismo los informáticos están diseñando el sistema porque tendrá que hacer miles de consultas cada día durante el verano», detalló. Además, se prevé instalar una veintena de cámaras de lectura de matrículas repartidas por la isla para analizar flujos de tráfico y tomar decisiones basadas en datos reales.
La normativa también permitirá restringir accesos en puntos especialmente saturados como ses Salines o Cala d’Hort. Juan confirmó que el Consell ya trabaja con los ayuntamientos para implantar regulaciones específicas «en determinados momentos del año. Aspiramos a, dentro de esta legislatura, tenerlo diseñado y, en algún caso, implementado».
«Ahora mismo los informáticos están diseñando el sistema porque tendrá que hacer miles de consultas cada día durante el verano»
Por otro lado, el vicepresidente le puso un «6» de nota al actual sistema de transporte público, aunque reconoció que «no nos podemos conformar». Juan explicó que a mediados de marzo comenzará a funcionar el nuevo contrato de autobuses, que supondrá un salto cualitativo ya que tendrá un 50 % más de kilómetros, una flota nueva de casi 100 autobuses de los que dos terceras partes eléctricos además de más frecuencias y líneas, especialmente en el norte de la isla.
«Pasaremos de autobuses de todos los años a una media de 0 o 1 año», destacó. Además, habrá conexiones directas durante todo el año entre Vila, Santa Eulària y Sant Antoni con el aeropuerto, y más enlaces entre pueblos sin necesidad de pasar por la capital.
Juan remarcó que se trata del primer contrato de este tipo adjudicado por un consell insular en Baleares y que llega tras superar varios recursos judiciales.
PTI
En materia territorial, Juan defendió la modificación puntual número 2 del Plan Territorial Insular (PTI), que prohíbe nuevas viviendas turísticas en suelo rústico salvo excepciones muy concretas.
Actualmente existen unas 2.300 viviendas turísticas en el campo, con unas 18.600 plazas. Para el Consell, «ya es suficiente», por lo que se ha establecido una prohibición general de nuevas altas. Solo podrán mantenerse o incorporarse viviendas en casas payesas anteriores a 1956, y siempre bajo un sistema de intercambio: «Para que una se dé de alta, otra tiene que darse de baja. Habrá lista de espera porque no queremos ningún crecimiento más turístico en este sentido».
También se ha recuperado el régimen de segregaciones familiares, permitiendo repartir fincas entre descendientes directos, con la condición de que no puedan venderse durante 15 años. «Se trata de que el patrimonio de los ibicencos quede dentro de las familias ibicencas, afirmó Juan.
Intrusismo
En la lucha contra el intrusismo, Juan destacó los acuerdos con plataformas como Airbnb, Booking o Vrbo, que han permitido eliminar unos 3.500 anuncios ilegales, equivalentes a cerca de 18.000 plazas turísticas.
«Teníamos el mismo número de plazas ilegales que legales. Y las hemos eliminado», aseguró. Según datos oficiales, esto se ha traducido en entre 16.000 y 17.000 personas menos al día en la isla durante el verano.
En transporte, el foco principal estaba en el aeropuerto. Con inspectores, Guardia Civil, policías locales y AENA, se han establecido turnos dobles de vigilancia: «Hemos conseguido erradicar el principal foco de piratería e intrusismo, que era el aeropuerto». Además, se han incorporado detectives para detectar redes que operan mediante WhatsApp o Telegram.
Y de paso que cierren los Bleach clubs, que están enul parque natural, o no se han enterado aún....