Una familia de Ibiza ha denunciado la agresión reiterada a su hija menor de edad en Santa Eulària, unos hechos grabados que, según informaron desde el servicio de Agentes Tutores tras visionar las imágenes, podrían estar vinculados a un reto viral conocido como happy slapping (bofetada feliz), que consiste en grabar agresiones físicas o verbales para difundirlas posteriormente en redes sociales.
Este servicio es una unidad especializada de la Policía Local dedicada a la protección, prevención y ayuda a menores de edad y sus familias. Lo que comenzó como una denuncia ante la Guardia Civil por una paliza en un espacio público ha destapado, según el relato familiar, una realidad más amplia: la normalización de la violencia entre menores y su exposición pública como forma de entretenimiento. El caso, que ya investiga la Benemérita y que ha sido trasladado a la Fiscalía de Menores, ha derivado también en una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Santa Eulària por la supuesta falta de medidas de seguridad en la zona donde ocurrieron los hechos.
La denuncia recoge que la agresión tuvo lugar a finales de marzo de este año en una zona de uso público situada junto al Hotel Tres Torres, en Santa Eulària. Se trata de un espacio municipal que combina pistas deportivas con una zona de calistenia y paseo peatonal, frecuentado habitualmente por menores y familias. Un lugar que, explica, es considerado desde hace años en el municipio «un punto negro» por la presencia de conflictos. Según el relato de la madre, en esta misma zona, su hija fue atacada por otra menor en presencia de varios testigos. «Mi hija ha sido víctima de al menos dos agresiones y una tentativa», lamenta.
Uno de los aspectos que la denunciante considera también especialmente relevante es el papel de la otra menor que se encarga de grabar las agresiones. «Para mí es igual de agresora que quien pega», asegura, al tiempo que subraya la «frialdad» de quien registra los hechos. Según denuncia, en estos ataques, vinculados a retos virales, se obliga a las víctimas a realizar gestos como besar la mano o el pie de las agresoras, momento en el que son sujetadas del pelo: «Esto supone una gran humillación para las víctimas».
Agresión
De acuerdo con el escrito presentado, la agresión consistió en un ataque violento en el que la presunta agresora agarró a la víctima del pelo, la tiró al suelo y le propinó múltiples puñetazos en la cara. Además, le introdujo un dedo en el ojo, provocándole una afectación ocular, y llegó a morderla. Todo ello, según denuncia la familia, ocurrió sin que ninguna de las personas presentes interviniera para frenar la agresión. Las lesiones fueron posteriormente acreditadas mediante un parte médico de urgencias, que recoge contusiones, heridas en ambas rodillas, eritema facial, golpes en la mano y daño ocular.
Sin embargo, más allá de las heridas físicas, la familia subraya el impacto psicológico sufrido por la menor, diagnosticada con un cuadro de ansiedad y estrés postraumático. Actualmente, la niña se encuentra en seguimiento médico, y, tras lo sucedido, desarrolló un rechazo a acudir al centro escolar debido al miedo y la exposición pública de los hechos. Según explica, la menor dejó de asistir al colegio debido a su estado psicológico y al miedo a ser señalada por sus compañeros. Después de varios días sin ir, la madre mantuvo una reunión con el centro educativo para hablar sobre los pasos ejecutados por parte del colegio ante esta situación. Además, está previsto que comience seguimiento con la psicóloga con quien ya había tenido contacto previo. La familia asegura que el objetivo es facilitar una vuelta progresiva a la normalidad, aunque reconoce las dificultades emocionales que implica el proceso.
Al respecto, la madre insiste en que la intervención psicológica es necesaria y valora positivamente que su hija haya decidido volver al colegio, pese a las reticencias iniciales. «Quedarse en casa podría ser peor», apunta, en referencia al impacto que este tipo de situaciones puede tener en la vida cotidiana de la menor. Hay que señalar que uno de los elementos más preocupantes del caso es la posible vinculación con el fenómeno del happy slapping, del que la familia asegura no tener conocimiento previo. Según explican, fue el servicio de Agentes Tutores el que, después de ver las imágenes, les informaron de que este tipo de agresiones se están produciendo entre menores y que, en muchos casos, son grabadas y compartidas en redes sociales.
Videos
La madre afirma que no ha podido ver los vídeos en los que presuntamente aparece su hija por la carga emocional que conllevan, pero precisa que la Guardia Civil sí habría tenido acceso a ellos y habría identificado a varios menores implicados. «No se trata solo del daño físico, sino de la humillación y la exposición pública», señala, destacando que su hija sufre especialmente por los comentarios y la difusión de las imágenes entre otros jóvenes. Este componente de viralización, añade, contribuye a la normalización de la violencia entre los menores. «Ellos lo ven como algo normal, como un juego», lamenta, al tiempo que advierte de que muchos adolescentes no son conscientes de la gravedad de grabar o presenciar este tipo de situaciones, convirtiéndose en cómplices pasivos.
Ellos lo ven como algo normal, como un juego»
La familia sostiene que los hechos no son aislados. Según relatan, la menor ya habría sido víctima de una agresión anterior, aunque no fue hasta el día de la denuncia cuando la madre tuvo conocimiento de lo ocurrido. A partir de ese momento, el requerimiento inicial ha sido ampliado en varias ocasiones a medida que la menor ha ido relatando nuevos episodios. La situación, según denuncia, se mantiene en la actualidad. Hace apenas unos días, se produjo un nuevo intento de agresión contra su hija por parte del mismo grupo de menores, que no llegó a consumarse porque su hija intentó utilizar el teléfono móvil, lo que provocó que las presuntas agresoras abandonaran el lugar.
Otro de los factores que complica el caso es la edad de las presuntas agresoras, que, según la información facilitada a la familia, serían menores de 14 años y, por tanto, no imputables penalmente. En este contexto, la familia plantea la posibilidad de exigir responsabilidad civil a los progenitores. Un aspecto que confía en que se dirima en el marco del proceso iniciado, ya que la ley establece que los padres o tutores pueden ser responsables civiles de los daños y perjuicios causados por el menor. Fuentes cercanas al caso apuntan a que la Guardia Civil ha remitido las diligencias a la Fiscalía de Menores, que podría adoptar medidas de protección o reeducación en función de la gravedad de los hechos y la situación de las menores implicadas. Paralelamente a la vía penal, la familia ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Santa Eulària. En ella, sostiene que existe una relación directa entre los daños sufridos por la menor y el funcionamiento del servicio público de seguridad y vigilancia.
Espacio público
El escrito argumenta que los hechos ocurrieron en un espacio público frecuentado por menores donde no existían medidas adecuadas de prevención, como presencia policial suficiente, sistemas de videovigilancia o iluminación adecuada. La familia ha aportado fotografías del lugar que, según indican, evidencian estas carencias. Asimismo, destacan que unos días después de interponer la denuncia presentaron una instancia solicitando la adopción de medidas de seguridad, como el refuerzo de la vigilancia policial y la instalación de cámaras.
«No puedo dejar salir a mi hija sola. Solo sale conmigo»
En su respuesta, el Ayuntamiento habría reconocido la necesidad de incrementar la vigilancia y estudiar la implantación de sistemas de videovigilancia, lo que, según la familia, confirma la insuficiencia de los medios existentes en el momento de los hechos. La reclamación se basa en el artículo 106.2 de la Constitución Española y en la normativa sobre responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, que establece el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por los daños sufridos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
El caso ha tenido un fuerte impacto en el entorno familiar. La madre reconoce encontrarse en una situación de «shock» y asegura que la situación ha afectado gravemente a su vida cotidiana. «No puedo dejar salir a mi hija sola. Solo sale conmigo», afirma, reclamando una mayor rapidez en los protocolos de actuación. En esta línea, pide una mayor agilidad en los mecanismos ante este tipo de casos, al considerar que los tiempos de respuesta actuales no son adecuados cuando se trata de menores. «Es importante agilizar los tiempos de respuesta, que sean más eficaces», agrega, comparando la situación con otros ámbitos como la violencia de género, donde, asegura, la respuesta es más rápida. «No se puede estar esperando semanas con una menor que ha sufrido varias agresiones», sostiene.
La familia también optó por buscar apoyo psicológico fuera de los servicios públicos, ante la urgencia de la situación y la necesidad de una atención más inmediata. El caso ha vuelto a poner el foco sobre la proliferación de conductas violentas entre menores vinculadas a redes sociales y retos virales. Aunque no existen datos oficiales específicos sobre el happy slapping en Ibiza, las fuerzas de seguridad han alertado en diversas ocasiones sobre la aparición de este tipo de prácticas en distintos puntos del país. La familia afectada insiste en la necesidad de visibilizar estos hechos para evitar que queden ocultos y para que otras posibles víctimas se animen a denunciar las agresiones recibidas. «Esto puede estar pasando a más niños que no lo cuentan en casa», advierte la madre. Mientras tanto, el caso sigue su curso en el ámbito judicial y administrativo, a la espera de que se esclarezcan los hechos y se determinen las posibles responsabilidades. La familia, por su parte, mantiene su reclamación y exige medidas urgentes para garantizar la seguridad de los menores en los espacios públicos del municipio.
Cepca
Por su parte, Belén Alvite, directora del Centro de Estudio y Prevención de Conductas Adictivas (Cepca), abordó esta problemática en una entrevista con Periódico de Ibiza y Formentera, destacando la necesidad de educar desde la infancia en valores que permitan identificar conductas inaceptables. También señaló que muchas situaciones de violencia verbal o exclusión se han normalizado, en parte por la influencia de las redes sociales, y subrayó que las víctimas suelen ocultar lo que les ocurre para no preocupar a sus familias, lo que retrasa la intervención. La charla abordó también la falta de empatía o determinados modelos de comportamiento en el aumento de conflictos entre menores. También puso en valor la intervención de profesionales como psicólogos y policías tutores, así como la necesidad de reforzar los recursos en salud mental infantojuvenil para prevenir y afrontar estas situaciones de manera eficaz.
Explicó que en los casos de acoso es importante poder acudir a un profesional que ayude a integrar lo que ha ocurrido para tener otro tipo de respuestas y que las consecuencias de cara al futuro estén más minimizadas. También agregó que, a veces, los acompañamientos psicológicos no son tan sencillos porque no todas las familias tienen acceso: «Los recursos de salud mental respecto a la infancia y adolescencia no son suficientes. Creo que necesitamos más medios». En este sentido, por ejemplo, recordó la mejora en los centros de Secundaria con la presencia de psicólogos educativos, que están dentro de los institutos y pueden ayudar en la detección y a la hora de abordar este tipo de situaciones.