Bajo el lema Por ti. Por nosotros. Por una sanidad de calidad, los técnicos superiores sanitarios de Ibiza secundaron ayer la jornada de huelga general en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Estos profesionales sanitarios, que se reivindican como una «pieza clave e imprescindible» para la realización de diagnósticos, tratamientos, cuidados y una atención de calidad, decidieron paralizar ayer su actividad para denunciar una situación de «injusticia y discriminación» administrativa que aseguran sufrir desde hace más de dos décadas.
El malestar del colectivo, respaldado por una amplia coalición de sindicatos y organizaciones sectoriales, radica en lo que califican como una falta de voluntad política por parte de las administraciones públicas. En este sentido, los organizadores aclararon que la movilización no va dirigida «contra nadie», sino a favor de la «dignidad, la justicia y el reconocimiento de sus competencias profesionales».
El principal caballo de batalla de esta jornada de paros fue la exigencia de la aplicación inmediata del artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
Dicha normativa legal ampara el derecho a una clasificación profesional conforme a la titulación académica que se requiere de manera obligatoria para el desempeño de cada puesto, según Carlos Gustavo Martínez, coordinador de Laboratorio y Anatomía Patológica de Can Misses. «Exigimos que se nos clasifique en el Grupo B, tal y como nos corresponde por ley», señaló el colectivo. La convocatoria de huelga se fundamenta en tres motivos esenciales descritos por las organizaciones.
Por la aplicación del Artículo 76 del EBEP: reclamación del encuadre definitivo en el Grupo B por estricto cumplimiento de la legalidad vigente. Por la falta de desarrollo profesional: denominan de «urgente» la creación de planes reales y efectivos de carrera profesional, especialización y el reconocimiento a su nivel formativo y retributivo.
Por el fraude continuado desde hace 20 años: denuncian que miles de técnicos superiores prestan servicio en condiciones que «incumplen la normativa, lo que se traduce en una pérdida económica directa y en una severa limitación de sus derechos laborales».