La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, explicó en Ibiza que las 532 viviendas de Casa 47 podrían solicitarse desde cualquier punto de España y que los adjudicatarios deberían empadronarse después en la isla. Días más tarde, el PSOE de Ibiza aseguró haber «aclarado» la cuestión con el Ministerio: la promoción deberá someterse a la normativa balear —algo que había recordado el vicepresidente del Govern, Antoni Costa— y, según los socialistas, los adjudicatarios tendrán que acreditar un mínimo de cinco años de residencia. Vamos, una recogida de cable en toda regla.
Pero esa supuesta rectificación ha llegado de la mano del PSOE de Ibiza, no de Casa 47 ni del Ministerio de Vivienda; mucho menos de Isabel Rodríguez. Tampoco ha cambiado públicamente su posición la directora insular de la Administración del Estado, Raquel Guasch, que afirmó que considera injusto exigir diez años de empadronamiento. Su argumento es que Ibiza necesita médicos, profesores, funcionarios y trabajadores procedentes de fuera.
Lo sorprendente de la respuesta socialista es que, después de aclarar al Ministerio qué normativa se aplica, responsabilice de la polémica al alcalde de Vila, Rafa Triguero. La Federación Socialista llegó a acusarle de «manipular» y de haber inducido a la ministra a explicar las condiciones generales de Casa 47. Pero las palabras pronunciadas por Rodríguez fueron inequívocas y la posterior aclaración socialista también lo es.
El problema de fondo
El problema de fondo es mucho mayor. España tiene uno de los parques públicos de vivienda más reducidos entre las economías avanzadas. El Banco de España señala, además, que la demanda ha crecido por encima de la oferta y reclama aumentar el parque público, pero también estimular la oferta privada de alquiler.
Sin embargo, PSOE y Sumar han situado buena parte de su política en la intervención del mercado: límites a las rentas en las zonas tensionadas, prórrogas contractuales y mayores protecciones frente a los desahucios. Ahora el Gobierno negocia otro decreto para el Consejo de Ministros del martes 29 de septiembre. El texto todavía no está cerrado pero todo apunta a que se hará una prohibición general de los desahucios a hogares vulnerables y grandes propietarios.
¿Con qué consecuencias? El Banco de España admite que limitar alquileres impide la escalada interminable de precios a corto plazo e incluso su descenso —en Cataluña algunos estudios estimaron descensos del 4 al 6 por ciento—, pero advierte también de los riesgos: menor inversión, reducción de la oferta y traslado de viviendas hacia la venta, el alquiler turístico o el de temporada.
Si el propietario percibe un riesgo creciente de impago o mayores dificultades para recuperar su vivienda, responderá seleccionando candidatos sin hijos, con empleos fijos y nóminas más altas, con más garantías. El perjudicado acabará siendo precisamente el inquilino vulnerable al que se dice querer proteger.
El Gobierno ha incrementado los fondos destinados a vivienda, ha creado Casa 47 y ha aprobado un Plan Estatal 2026-2030 dotado con 7.000 millones de euros. Es una parte de la respuesta. Pero incluso el Banco de España advierte de que el ritmo de incorporación de vivienda pública sigue siendo reducido frente a las necesidades acumuladas.
La vivienda necesita protección social, pero esa protección no puede descansar sistemáticamente sobre los derechos y el patrimonio de los propietarios. Si el Estado considera que una familia vulnerable no puede ser desahuciada, debe ofrecerle una alternativa habitacional y asumir el coste de esa política social, no trasladárselo al particular.
El gran fracaso sigue siendo el mismo: durante años el Gobierno no ha creado un parque público suficiente y ahora pretenden compensar esa carencia interviniendo cada vez más el mercado privado. El riesgo es terminar consiguiendo exactamente lo contrario de lo que se dice perseguir: menos viviendas en alquiler, propietarios cada vez más exigentes y mayores dificultades de acceso precisamente para quienes tienen menos recursos.