«El proyecto 'Policía 2000' hace un análisis sobre las necesidades del Cuerpo Nacional de Policía que puede estar cercano a la realidad, pero luego se equivoca por completo en el tratamiento y en sus soluciones». Esta es una de las afirmaciones de Pablo Riquelme, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), quien se muestra, en diversos aspectos, contrario al recientemente presentado proyecto policial.
El SUP cuenta con 103 afiliados en la Comisaría de Eivissa (sobre una plantilla de unos 180 funcionarios), siendo, según Riquelme, el sindicato mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía a nivel nacional. Esta organización ofreció una charla informativa en la isla la pasada semana, de cara a las elecciones sindicales que se celebrarán mañana, día 18.
Para Riquelme, este proyecto «deja en precario una parte importante -más de un 20 por ciento- de las retribuciones totales de un funcionario». Para el SUP, el hecho de que a un funcionario se le diga que si no alcanza unos objetivos cobrará menos a final de mes «puede dar lugar a actuaciones policiales que rocen el límite de la legalidad». Riquelme plantea que el concepto de pagar por la productividad puede provocar que se «practiquen detenciones injustificadas». «El sistema -añade- es perverso».