El fiscal mantuvo ayer ante la Audiencia los más de 40 años de cárcel que se piden en su conjunto para los cuatro ciudadanos chinos procesados en Eivissa bajo la acusación de extorsionar, retener, robar y golpear a una prostituta a la que presuntamente quisieron «meter en cintura». Esta tesis es bien distinta a las defensas, que argumentaron que tras la denuncia de la supuesta víctima hubo un montaje del que se iban a beneficiar ésta y su novio.
El objetivo -según esta versión- era valerse de esta artimaña para a cambio de ayudar a desmontar una supuesta red mafiosa de prostitución lograr regularizar su situación en el país, una prerrogativa que concede la ley. El fiscal presentó los cargos ante el tribunal con el convencimiento de que el 27 de noviembre de 1999 la denunciante, en un piso de Sant Antoni, se vio atrapada de nuevo por una red de la ya había huido tras su paso por un club de Menorca.
Las defensas, por contra, negaron la existencia de esta red y atribuyeron las relaciones entre unos y otros a las que ya mantenía la víctima con al menos uno de los encausados, el propietario de varios restaurantes en Barcelona y Menorca en donde trabajaba como ayudante de cocina el novio de la prostituta. De todo ello, se había generado una deuda económica que la mujer había contraído con uno de los procesados.
Esta línea también mantiene que los otros dos acusados se vieron en esta tesitura al coincidir todos los imputados en un club de Sant Antoni donde trabajaba la chica y quedar todos para ir a un piso que previamente se había alquilado. Este domicilio había sido arrendado con la única finalidad de contar con una residencia mientras se buscaba un local para un nuevo restaurante. Las defensas hicieron especial hincapié en las supuestas contradicciones continuas en las que había incurrido la denunciante en la causa.