El juez de guardia, Pablo Mendoza, ordenó anoche el ingreso en prisión preventiva de dos, uno de ellos agente del instituto armado, de las cuatro personas que fueron puestas ayer a disposición judicial por su presunta implicación en una empresa de servicios en la que podrían haberse dado prácticas coercitivas y de extorsión. Los otros dos arrestados, uno de ellos también miembro de la Benemérita, tendrán que ir al juzgado a firmar cada quince días.
La decisión judicial se adoptó después de que el fiscal pidiera estas medidas cautelares exclusivamente para que la Guardia Civil pueda concluir en su totalidad la investigación iniciada con el examen de las últimas pruebas que se han recogido en el caso. El juez Espinosa continúa hoy la tramitación del caso, por lo que es potestad suya, si así lo decide al concluirse en breve el examen de las pruebas recogidas, poner fin al régimen de prisión de las dos personas que ingresaron anoche. Todos los detenidos tuvieron que aclarar si guardaban alguna relación con «trabajos» de protección en locales públicos y en misiones de escoltas privadas en los que se les ha relacionado. El principal imputado, el guardia J.G.C., ya fue detenido meses atrás por la misma razón, coincidiendo ésta posteriormente con una disputa interna y una pelea con el actual capitán de la 8ª Compañía de la Guardia Civil en Eivissa que ha terminado en los juzgados y con medidas disciplinales.
La detención de dicha persona se produjo después de que aparecieran informaciones que hablaban de que un ministro de Guinea Ecuatorial estaba siendo investigado en Eivissa. La Dirección General de la Guardia Civil tomó cartas en el asunto para comprobar la veracidad de estas informaciones y tras bucear en ellas aparecieron indicios de que todo había sido un «montaje» aireado por estas mismas personas.